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México pierde combustible como si los años de bonanza petrolera continuaran. La producción de crudo de nuestro país ha disminuido dramáticamente en los últimos años, con el consecuente impacto en las finanzas públicas, pero el robo de combustible sigue presente en la vida cotidiana de distintas regiones de la geografía nacional como un delito que sostiene una compleja industria delictiva.
Las fugas y robos de carburantes representan pérdidas calculadas en miles de millones de pesos. El Estado ha sido incapaz de administrar estos bienes públicos para que ello redunde en beneficios sociales. Petróleos Mexicanos (Pemex), particularmente, está en deuda permanente puesto que no garantiza seguridad para los combustibles de consumo masivo, principalmente en zonas como Veracruz y Puebla, por ejemplo.
Como da a conocer EL UNIVERSAL, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha desplegado un operativo que consiste en el envío de 500 elementos de la Policía Militar, con el fin de contener el robo de hidrocarburos en el estado de Puebla. Se trata de una decisión que suma al descrédito de Pemex, empresa estatal que no solo no genera utilidades desde hace años, sino que representa una carga para el erario dada su notable improductividad.
Se ha señalado que el robo de combustibles es una variante más de las múltiples actividades que realiza el crimen organizado. Sin embargo, tampoco se entienden pérdidas tan grandes sin la omisión y connivencia de autoridades del ramo. ¿Quién se beneficia de la multimillonaria industria del robo de combustible en las regiones donde se comete este delito?
Más allá del crimen organizado, también es necesario abordar el papel que juegan las divisiones regionales y liderazgos del sindicato petrolero. ¿De qué manera suman esfuerzos para disminuir este delito? Un operativo policiaco militarizado es una alternativa que contendrá hasta cierto punto el robo de combustible. No obstante, el enfoque de las autoridades federales debiera centrarse en los favorecidos por esta actividad.
Si soporta las resistencias internas, Pemex puede resarcirse de sus omisiones si lleva a cabo evaluaciones documentadas, profundas, transparentes del proceso de producción, distribución y venta de hidrocarburos. Ello puede arrojar luces sobre lo que realmente está ocurriendo en un delito que afecta a todos los mexicanos.
El dinero que debiera llegar a las arcas públicas, que es bastante, está en manos de unos cuantos que han hecho del robo de combustible un gran negocio. Para atacarlo de frente es necesaria voluntad política, inteligencia y tecnología, además de seguridad pública. El Estado podría recuperar abundantes recursos para dar cara a estos tiempos económicamente convulsos. El tiempo de resolver el caso es ahora.
