La mayoría de ellos salió del país porque aquí no encontró la oportunidad de tener un empleo digno bien remunerado, otros más por la inseguridad. A lo largo de las últimas décadas fueron millones de mexicanos los que emigraron a Estados Unidos en busca de un mejor futuro.
Muchos fueron a desempeñar trabajos que los estadounidenses ya no quieren realizar: meseros, cocineros, jardineros, obreros… Los más afortunados pudieron desempeñar otro tipo de tareas fuera del área de servicios. Quienes dejaron el país lo hicieron conscientes de que nada iba a ser fácil, desde el cruce fronterizo, generalmente de manera ilegal, hasta la incursión en una nueva sociedad.
En aquel país han tenido que enfrentar con frecuencia rechazo social y medidas políticas en contra como la controvertida ley SB1070, propuesta por el gobierno de Arizona desde 2010 y que planteaba perseguir, sólo por su perfil racial, a miles de personas de la comunidad latina. Afortunadamente, algunas de sus partes más polémicas quedaron sin efecto.
Si hasta ahora no ha sido fácil la vida para ellos, el futuro puede pintar aún más desfavorable. El presidente electo Donald Trump anunció durante su campaña que planea deportar a 11 millones de inmigrantes, esta semana aseguró que serán 2 o 3 millones, en principio.
La amenaza sobre los connacionales se mantiene. En Estados Unidos ya hay grupos dispuestos a defenderlos. Los alcaldes de las tres grandes ciudades estadounidenses, Nueva York, Chicago y Los Ángeles, anunciaron que no permitirán la deportación masiva. En total son unas 300 ciudades consideradas “santuario” por no destinar recursos económicos ni humanos a perseguir la inmigración ilegal.
México dio ayer la primera respuesta a las intenciones que ha mostrado Trump. El gobierno federal anunció once acciones “inmediatas” para evitar que los migrantes mexicanos sean víctimas de abusos y fraudes. También prevé reforzar el diálogo con autoridades estatales y locales, así como con organizaciones de derechos civiles y ampliar la comunicación entre la Cancillería y los ciudadanos mexicanos en Estados Unidos. La estrategia parece correcta al cerrar filas con autoridades y grupos de defensa de los migrantes, pero se requiere un resultado efectivo en la vida cotidiana de los mexicanos en EU.
Si durante años la actividad consular fue criticada por expertos, por centrarse en temas menos importantes que la atención a migrantes, es momento de borrar fallas anteriores y demostrar que la defensa de los connacionales y de sus derechos humanos será una prioridad. No hay que esperar al 20 de enero, cuando asuma el nuevo gobierno, la estrategia debe estar lista y ponerse en marcha desde este momento; después puede ser demasiado tarde.
