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En contra de los autos chocolate
El gobierno de Baja California, encabezado por Francisco Kiko Vega de la Madrid, está impulsando un censo para vehículos importados, mejor conocidos como autos chocolates, y desde hace una semana la industria automotriz externó su rechazo ante la medida. El plan convoca a inscribirse voluntariamente al censo, con el que nos dicen se busca dimensionar el problema de los autos chocolate para gestionar apoyos especiales ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Sin embargo, esa misma dependencia le puso ayer un freno a la iniciativa, al advertir que no será válido ningún censo de ese tipo. Cabe recordar que Baja California no fue la primera entidad en coquetear con un esquema de esa naturaleza, pues Chihuahua ya hizo un intento y de inmediato el Servicio de Administración Tributaria (SAT), de Aristóteles Núñez, echó para atrás el programa de regularización, y también hubo intentos por parte del gobierno de Colima.
Jaloneo por impuesto a refrescos
Las refresqueras agrupadas en la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas (Anprac), que dirige Jorge Terrazas, han mantenido su estrategia de difundir un claro mensaje de rechazo al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para bebidas azucaradas, y esparcir su argumento de que los refrescos no son dañinos para la salud. Nos dicen que, recientemente, cualquier movimiento de la parte contraria es refutado por una posición o comunicado de la Anprac, en el contexto de la cercanía de la negociación del Paquete Económico 2017 en el Congreso de la Unión. En esta discusión contra el IEPS se ha sumado la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), que dirige Cuauhtémoc Rivera, mientras que Alejandro Calvillo, de El Poder del Consumidor, les preguntó que si están tan preocupados por la población, ¿qué le afectaría más a los consumidores, un impuesto o la diabetes? Así las cosas, nos comentan que pronto habrá más noticias sobre el asunto.
Alerta por sistemas financieros
Nos comentan que luego de darse a conocer en EL UNIVERSAL las condiciones en las que opera el centro de cómputo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de Jaime González Aguadé, y la necesidad de presupuesto para garantizar la seguridad y operación de sus sistemas, varias dependencias ordenaron realizar una revisión de su infraestructura de cómputo. Nos aseguran que ante las restricciones presupuestales que enfrenta el gobierno, se complica la posibilidad de obtener recursos para realizar inversiones cuantiosas, pero en el sistema financiero mexicano se reconoce la importancia de mantener en óptimas condiciones el funcionamiento de los sistemas de vigilancia y monitoreo del regulador. Por lo pronto, nos platican que en varias entidades gubernamentales así como en el sector privado sorprendió la falta de condiciones mínimas para operar un centro de cómputo neurálgico del sistema financiero mexicano.
Varios piden aplazar licitación
La semana pasada, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) resolvió que retrasaría el proceso de licitación de la banda de 2.5 GHz, que es óptima para servicios de telefonía e internet móviles en zonas urbanas porque, por su altura, penetra paredes con mayor facilidad y es posible contar con los servicios dentro de edificios, por ejemplo. Según personas enteradas del tema, la licitación se pospuso por un año a solicitud de la empresa Rivada Networks, firma que quiere participar en el proceso pero también busca ganar la concesión de la Red Compartida que usará la banda de 700 MHz para llevar servicios de telecomunicaciones a zonas alejadas en el país. Se manejó que la solicitud fue realizada a través de una carta por Mónica Aspe, subsecretaria de Comunicaciones de la SCT, pero la funcionaria aseguró en redes sociales que no sólo Rivada Networks pidió el aplazamiento, sino “diversos interesados” en la Red Compartida.
**En la imagen Aristóteles Núñez
