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No sabemos aún si Erick Ulises Ramírez Crespo, el alcalde de Cocula, es un delincuente consumado que llevaba meses al servicio de la organización criminal Guerreros Unidos o por qué razón departía en un restaurant de Morelos con Adán Zenén Casarrubias Salgado, líder de ese cártel, cuando fue detenido por soldados y policías federales el pasado jueves por la tarde noche.
Puede resultar que tenía nexos con el grupo criminal desde hace meses y que es un colaborador activo, pero también puede ser que se encontraba ahí porque no le quedó de otra. (Quiero pensar que algo hemos aprendido después de lo que relataron los presidentes municipales de Tierra Caliente, Michoacán, una vez que fueron liberados del yugo de Los Caballeros Templarios). ¿Cómo pensamos que deben (o pueden) gobernar los presidentes municipales en zonas dónde el crimen organizado tiene el control absoluto? Ahí donde esos grupos tienen cooptada a la policía municipal desde hace años y donde nada ocurre sin su consentimiento. ¿Cómo le hará el presidente municipal de Eduardo Neri en Guerrero, donde hace unos días fueron retenidos por la población policías federales y un civil supuesto halcón de Guerreros Unidos? Ahí quieren ir los de la organización de Los otros desaparecidos a buscar fosas clandestinas, pero no consiguen el apoyo de las autoridades porque el propio Ministerio Público Federal les dijo que es una zona muy caliente y no hay manera de garantizar su seguridad. Igual así viven (y sobreviven) las autoridades locales en muchos otros municipios de Guerrero como equilibristas entre lo que les piden las autoridades estatales y federales, y las exigencias de quienes detentan el verdadero monopolio de la fuerza en la zona que son los grupos de criminales.
Lo que sorprende es que haya pasado más de un año de la trágica noche de Iguala y de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y sea justamente en Cocula, de donde salieron las patrullas y los policías que detuvieron a los estudiantes y los entregaron a los sicarios de Guerreros Unidos y donde se presume que un número de ellos fue quemado, donde sigue sin haber una intervención de fuerzas federales de una contundencia suficiente como para impedir que un grupo criminal continúe dictando la ley y que el presidente municipal sea cooptado o intimidado por los mismos criminales.
¿Por qué no pasó nada este año en Guerrero? Porque siguen las ejecuciones en Iguala y en Chilapa no amaina la guerra sin cuartel entre Los Ardillos y Los Rojos.
A veces da la impresión de que el gobierno dio por perdido Guerrero. Y es verdad que nadie puede decir que sea una tarea fácil. La íntima relación entre los grupos criminales y las comunidades puede llevar a pensar que los habitantes eligieron apoyar a estos grupos o que son sus cómplices por así haberlo decidido libremente. Cuando en realidad no hay libertad ante la ausencia de alternativas. El Estado está ausente y es pobre. No da medicinas y sus servicios son deficientes. (En Punto de Partida reportamos cómo habitantes de varias comunidades recurren a los criminales para que estos intimiden a médicos y enfermeras y les consigan medicamentos).
En Michoacán, el gobierno de Calderón cometió el error de tratar a todos los habitantes de Tierra Caliente como delincuentes cómplices de Los Caballeros Templarios y nunca pudo restablecer el orden. Hoy el gobierno de Peña Nieto tiene que ir a Guerrero con la fuerza, la capacidad y los recursos que hagan creíble ante los ojos de la población que es una verdadera alternativa frente a los criminales, sólo entonces encontrará aliados locales y Guerrero tendrá una esperanza.
