A los estudiantes de Ayotzinapa los atacaron la noche del 26 de septiembre policías municipales junto con hombres armados que pertenecían a un grupo criminal. Sobre ese tema no hay dudas. Pero la razón de por qué lo hicieron y el destino final de cada uno de los normalistas sigue siendo un enigma. Quizá nunca sabremos con certeza ambas cosas, pero lo que sí revela el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) respaldados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es que nuestras instituciones, la Procuraduría de Justicia de Guerrero y la General de la República, son incapaces de hacer una investigación criminal de calidad y que no responda a intereses políticos.
La lectura del informe desnuda momento a momento las insuficiencias, los errores y las manipulaciones de la autoridad investigadora oficial. En el rubro de carencias se pueden destacar: no se preservaron las escenas del crimen ni indicios fundamentales como la ropa de los estudiantes, no se hicieron perfiles de ellos. Entre los que se pueden considerar errores graves: se excluyó de la narración y de la investigación todo lo relativo a un quinto autobús que tomaron los normalistas en la central camionera y esto a pesar de que 14 de los sobrevivientes iban en él. Por lo mismo, quedó fuera de la investigación todo lo que ocurrió con esos jóvenes, la agresión, el lugar dónde pasaron la noche, las personas que los ayudaron.
Por último, y lo más delicado, es lo que parece una franca manipulación de los hechos. El informe del GIEI no deja lugar a dudas: autoridades estatales y federales (Policía Federal y Ejército) estuvieron presentes e informadas de lo que ocurría en Iguala esa tarde-noche. Algo que la PGR siempre ha descartado. El informe no plantea que los policías federales o los soldados hayan participado en la agresión y desaparición de los estudiantes, pero demuestra que no hicieron nada para impedirlo aunque supieron y fueron testigos de lo que estaba pasando. El que la investigación oficial haya omitido todos los testimonios y elementos que prueban la presencia y participación de los cuerpos federales parece confirmar que la entidad investigadora respondió a intereses y consideraciones ajenos al imperativo de buscar la verdad de los hechos. Se valoraron, o eso parece, elementos tales como: “cuidar la imagen de las instituciones policiacas y militares”, o evitar que “las responsabilidad suban de nivel”, o “apurar resultados para evitar mayor desgaste a gobiernos y funcionarios”.
Por eso, la consecuencia de este informe debería ir mucho más allá de la convocatoria de un grupo de peritos del más alto nivel para determinar que pasó en el basurero de Cocula (por importante que eso sea), tendría que llevar a que se replanteara, una vez más, como construir una Fiscalía o Procuraduría que trabaje con auténtica independencia del Poder Ejecutivo y con recursos humanos y materiales que le permitan hacer investigaciones profesionales y creíbles.
