El evento que encabezó Virgilio Andrade el pasado viernes fue penoso, previsible e irrelevante. No restauró la reputación de nadie (acaso sólo terminó por hundir la suya), no le limpió la cara a nadie, no le devolvió un ápice de legitimidad al gobierno, ni supuso la primera piedra de una renovación institucional. Nada, sólo una escenificación burlesca de lo que en otro país hubiera sido la esperada conclusión de una investigación independiente. Un regalo para las redes sociales que se inflamaron con razón.
Para el récord queda que el comportamiento del presidente Peña Nieto en el asunto Casa Blanca y el de Videgaray con la de Malinalco, haya o no violación a la ley, son prácticas inaceptables en cualquier democracia moderna del mundo. Aceptar favores económicos de alguien que vive de los contratos del Estado siendo funcionario de primer nivel o estando a punto de serlo, es una forma, como otras, de aprovecharse indebidamente de una situación de poder. (Incluso si la retribución por el favor recibido nunca se hace efectiva)
Pero hay algo positivo en todo esto. La revelación hecha por Carmen Aristegui y su equipo tuvo consecuencias. Y eso no pasa todos los días. Lo común es que las denuncias de corrupción caigan rápidamente en el olvido o en un vacío aterrador: nadie investiga, nadie tiene facultades para hacerlo, no se violaron leyes, a nadie le importa o a los que les importa, poco o nada pueden hacer. Y por consecuencias no me refiero al costo en popularidad que significó para el Presidente, ni a la pérdida de legitimidad que le acarreó a todo su equipo, esos son los efectos políticos de la revelación. Y muchas denuncias, al menos las bien documentadas, afectan la reputación del político o funcionario en cuestión. Pero de eso no se trata, ese no es el objetivo de una verdadera investigación periodística, aunque los políticos suelen ver detrás de cada reportaje que los desnuda una intención políticamente interesada en desprestigiarlos. Lo que pocas veces ocurre es que se logren consecuencias que trasciendan al político en cuestión o a la inmediata coyuntura política. Es decir, que la denuncia no sólo afecte (reputación o sanción) a la persona que incurrió en el acto indeseable, sino que modifique la percepción respecto a este comportamiento: se vuelve socialmente (más) inaceptable y/o se modifica la ley para prohibirlo o para perseguirlo (mejor).
En este caso se modificaron las reglas, el Sistema Nacional Anticorrupción está en camino, y se aprecia, aunque tímidamente un cambio incluso entre quienes hasta hace poco se mostraban totalmente inmunes a todo señalamiento al respecto. Sé que parece, y es poco, pero entre el Presidente que calificaba en septiembre pasado la corrupción como un hecho “casi humano” y un “asunto cultural” al que pidió disculpas el viernes pasado hay un camino recorrido. No el que quisiéramos, desde luego, pero se logró echar a andar el proceso legislativo sobre el tema de la corrupción con avances inimaginables unos meses antes. Y le asestó un duro golpe al equipo de gobierno que no “vio” ni anticipó que esos comportamientos, para ellos tan naturales, los debilitaban y dejaban expuestos justo cuando multiplicaban sus adversarios con cada reforma.
Es verdad que ahora sólo sentimos en la boca el regusto amargo que nos dejó la pantomima del viernes, pero no está de más reconocerlo: esta denuncia tuvo consecuencias (y no sólo el altísimo costo que pagaron quienes las hicieron).
