El Instituto Nacional Electoral asignó los 60 diputados electos que integrarán la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México de la siguiente forma: 22 a Morena; 19 al PRD; 7 al PAN; 5 al PRI; 2 a Nueva Alianza; 2 a Encuentro Social y uno al PVEM y a Movimiento Ciudadano, respectivamente, así como un independiente.
Habrá, además, 40 diputados designados (14 por el Senado; 14 por la Cámara de Diputados; 6 por el Ejecutivo federal y 6 por el jefe de Gobierno de la Ciudad de México). Si bien esta disposición generó críticas —que no voy a refutar—, al final, gracias al voto, la posible sub o sobrerrepresentación a partir de los diputados designados no le dio a ninguna fuerza política el poder de veto en el Constituyente y menos aún la mayoría calificada.
Así cada principio, artículo, párrafo o inciso de la Constitución de la Ciudad de México deberá ser fruto de una obligada construcción democrática de consensos. El decreto constitucional establece que todo acuerdo de la Asamblea que se instala el 15 de septiembre debe reunir dos terceras partes de los votos, al menos 67 de 100. Ninguna fuerza política tiene ese número, es más, la suma de dos partidos tampoco alcanza para ser mayoría calificada. Si alguien quiere materializar en la Carta Magna de la Ciudad de México alguna disposición, deberá convencer a otras fuerzas en plural, porque otra no será suficiente: todos y cada uno de los contenidos de la nueva Constitución deberán ser fruto del respaldo de al menos tres partidos políticos o más.
Eso hará complejo el funcionamiento de la Asamblea Constituyente y complica la posibilidad de acuerdos. Pero no es una constricción arbitraria, sino el resultado de una ciudadanía que dio un mandato claro: sufragó de forma plural diciendo que a nadie entregó en solitario la llave del diseño constitucional ni el poder de veto.
Pero no se trata sólo de sumas y restas, sino de asuntos de fondo. La democracia mexicana, o más ampliamente la realidad mexicana, vive tiempos de creciente insatisfacción, de acumulación de problemas, de irrupción de amenazas. Se expresan severos reclamos contra el sistema de partidos, el conjunto de actores políticos y de instituciones públicas. Existen pluralismo, alternancia, equilibrios de poderes, distribución diversa de los cargos de gobierno y representación, mas no resultados tangibles que permitan que la ciudadanía se sienta satisfecha con el arreglo político vigente y con los resultados de la democracia realmente existente.
Pues bien, la Constitución de la Ciudad de México es una oportunidad única no ya para disputar puestos, sino para avanzar hacia un nuevo marco que se haga cargo, en la capital del país, de los desafíos añejos y nuevos de desigualdad, pobreza, corrupción e impunidad, inseguridad, deterioro medioambiental, precariedad de los servicios públicos y ausencia de posibilidad de ejercer realmente los derechos sociales, económicos y culturales para las mayorías.
Una Constitución, como pacto social, como diseño del poder y de los límites al poder, como piso de derechos básicos debe ser entonces la oportunidad para edificar, desde una deliberación política rigurosa en términos intelectuales y clara en sus propósitos, un arreglo político y jurídico que favorezca una democracia de mayor calidad, sustantiva. Se cierra el expediente electoral, es la hora de la política con mayúsculas. Ello está ya en manos de los diputados constituyentes. Veremos.
Consejero electoral del INE
