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El padre de Daphne alzaba la voz para repetir que la autoridad no necesitaba un minuto más para consignar a los cuatro jóvenes que violaron a su hija de 17 años. Pero el fiscal general de Veracruz, Luis Ángel Bravo, pedía calma, pese a que los hechos ocurrieron hace 15 meses y la denuncia se presentó hace 11.
“Va a haber justicia”, me garantizó el fiscal Bravo el miércoles 30 de marzo. “Lo único que les ruego es que le den la oportunidad a la fiscal de Violencia Contra la Mujer (Consuelo Lagunas) de concluir este caso a la luz del Derecho. No estamos rehusándonos a hacer justicia. A lo que sí nos estamos rehusando es a asumir una postura cobarde. Porque lo fácil para la Fiscalía, en aras de quitarse presión, es mandar el asunto al Poder Judicial tal como estaba a partir de que comenzó la demanda”.
Seguro de sí mismo, el fiscal me dijo que ninguno de los cuatro presuntos violadores, conocidos como Los Porkys de Costa de Oro, había salido de México. Y parecía dar por sentado que no lo harían. O el fiscal estaba terriblemente desinformado, o está encubriendo a esos jóvenes. Distintos reportes señalan que uno de ellos, Diego Cruz Alonso, aterrizó en Madrid, España, el martes 30 de marzo, un día antes de nuestra entrevista. Medios de Houston reportan, asimismo, que otro, Enrique Capitaine, está en esa zona de Estados Unidos.
El diario local Woodlans Monocle publicó ayer una nota con este rotundo encabezado: Puedes huir, pero no te puedes esconder aquí, Enrique Capitaine Marín. La nota refería que vivió una temporada en el suburbio de Woodlands, a 50 kilómetros de Houston, y que está confirmada su presencia en Texas, “aunque no se sabe si regresará a esconderse a su casa en Woodlands”.
Hay versiones de que uno de los dos Porkys restantes huyó también. No se precisa si es Jorge Cotaita o Gerardo Rodríguez. Termino de escribir este texto sin conocer la confirmación o negativa de la Fiscalía de Veracruz. Pero si la información de la fuga de Diego Cruz Alonso y Enrique Capitaine Marín es cierta, el fiscal Bravo tendría que renunciar a su cargo y buscar un amparo. Lo advertimos, más le valía hacer muy bien su trabajo. Su permanencia en el cargo sería inaceptable.
Con evidencias formidables, Javier Fernández, el padre de Daphne, repetía que se le estaba dando tiempo a los agresores de su hija. Estaba cantada, señor fiscal. Huyeron al mes número 15. Mientras usted y los suyos estudiaban si los indicios podrían constituirse en pruebas.
En los hechos ha habido dilación. Eso es inmoral. Y probablemente ilegal.
MENOS DE 140. Son 33 los mexicanos investigados por el SAT. Bastó una referencia en los Panamá Papers para convertirlos en sospechosos.
gomezleyvaciro@gmail.com
