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La adversidad se ha vuelto a posar sobre el dueño de Grupo Higa, Juan Armando Hinojosa. Una combinación de hackeo y filtraciones, los Panamá Papers, lo estaría responsabilizando de una supuesta defraudación de 100 millones de dólares a través de una red de transferencias de fondos que se sirvió de las ventajas de los paraísos fiscales.
Según los medios que han difundido esta información, el objetivo de Hinojosa sería borrar el dinero de los registros mexicanos y obtener un rendimiento de 5% sobre ese capital. Sin aportar más datos, las notas cuelgan frases como esta: “Esa cantidad sólo representa una pequeña parte del patrimonio del contratista tamaulipeco, el empresario favorito del presidente de México”.
El gobierno mexicano, que a fuerza de palos ha aprendido que el silencio y la lentitud de respuesta terminan siendo demoledores en este tipo de crisis, suculentas para la exageración, reaccionó rápidamente. El mismo domingo en que se difundieron los Panamá Papers, el SAT emitió un comunicado para garantizar “que se abrirá una revisión en los casos que sea procedente”. Ayer, Aristóteles Núñez, titular del SAT, hombre que sabe cuidar las palabras y conoce la mecánica de los procesos, me aseguró que la revisión se puso en marcha de inmediato.
“Son datos valiosos los que surgen de ese trabajo (Panamá Papers), pero no sorpresivos”, me explicó Aristóteles. “Es muy común que existan mexicanos que tengan sus inversiones en el extranjero. Tener dinero en esos países no es ilegal, lo ilegal es no pagar impuestos”.
Eso es lo que el gobierno mexicano investigará. No si fueron a los paraísos fiscales para proteger sus activos. No si depositaron ahí por confidencialidad y privacidad de sus datos. Investigará si el señor Hinojosa y otros tocados por este asunto están al tanto en sus obligaciones fiscales y no hay alguien que reclame un manejo fraudulento de esos fondos.
De nueva cuenta, las autoridades mexicanas quedan ante la disyuntiva de aplicar con escrúpulo los procedimientos legales o servirse del coro de linchamiento que quiere sangre a la primera de cambios. Extraordinaria oportunidad para Aristóteles Núñez y para el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, quien de entrada apunta para quedar como el cohetero. Si no sanciona a Hinojosa será el protector incondicional del hombre “que le regaló” la casa de Malinalco. Si lo sanciona sin elementos firmes será una especie de expiación, una purificación a costa de un hombre con etiqueta de maldito.
Ojalá se aclare bien si hay o no ilegalidad. Pienso que más que proteger a “uno de la banda”, la tentación de quedar bien con la grada es altísima. La tentación de tirar a Hinojosa a los leones.
MENOS DE 140. ¿A qué diputado se le ocurrió convertir la reunión privada con Jesús Murillo Karam en una reunión clandestina? Y luego se quejan.
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