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No entro al fondo del pleito del ex presidente y figura del PRD, Jesús Ortega, contra la periodista Sanjuana Martínez. Pero la forma en que se ha llevado este proceso es de una escandalosa falta de pulcritud. Veamos:
*Jesús Ortega demandó por daño moral a la periodista por un par de artículos que publicó en sinembargo.mx a finales de 2013, en donde afirmaba que él era cliente asiduo de un prostíbulo y generoso comprador de servicios sexuales. Sólo para el registro, el 26 de noviembre de ese año, Ortega publicó su réplica en sinembargo.mx.
*La demanda se presentó en el Juzgado 4 de lo Civil de la ciudad de Monterrey, donde reside Sanjuana. Por distintas razones, la periodista y sus abogados solicitaron que el asunto se trasladara a un juzgado del DF.
*La solicitud fue aceptada, pero según Sanjuana, no se les informó qué juzgado tomaría el asunto. Después de meses de búsqueda, lo encontraron en el Juzgado 69 de lo Civil, con la juez Martha Roselia Garibay, quien luego se declararía incompetente para conocer el caso y lo devolvería a Monterrey.
*“Pero hicieron perdedizo el expediente, iba y venía, no sabíamos en dónde estaba, no nos notificaron ni nos notificaban”, alega Óscar Vargas Suárez, un abogado de la periodista. Sanjuana no pudo defenderse.
*A través de la prensa, según afirma el abogado Vargas Suárez, la semana pasada se enteraron de que el asunto había regresado al Juzgado 69 de lo Civil de la CDMX y que, según dijo a los medios Jesús Ortega, se condenaba a Sanjuana Martínez a pagar la reparación del daño a su prestigio por un monto a determinar.
*Las declaraciones de Ortega se dieron dos meses después de dictada la sentencia (23 de febrero), “para quitarle a Sanjuana su derecho de apelación”, afirma el abogado Vargas Suárez. Ya no pudo apelar. Solicitó entonces ante la justicia federal un suspensión provisional para que no cause efecto la sentencia de la juez Garibay. La obtuvo. Buscan ahora la suspensión definitiva.
*Para la periodista y su defensa todo el proceso es ilegal, ya que no les notificaron los autos ni la sentencia. Por lo mismo, tendría que declararse la nulidad: “Se ha violado el debido proceso, es un proceso que se ha llevado de mala fe para favorecer a Jesús Ortega”.
Si las cosas son como las cuentan Sanjuana y sus representantes, estamos ante un caso grave de desvergüenza procesal, judicial. ¿Qué es eso de que el acusado no puede defenderse porque no tiene conocimiento de en dónde ha quedado la acusación? ¿Por qué no hubo claridad, orientación por parte del Poder Judicial del DF-CDMX, en donde, por lo demás, funcionan 73 juzgados civiles? ¿Por qué no se notificó la sentencia para garantizar al afectado el derecho a la apelación?
Jesús Ortega vs. Sanjuana Martínez: una atrocidad. Eso al menos es lo que parece.
MENOS DE 140. Se aprobará el sistema anticorrupción antes de que concluya el periodo, insiste el presidente del Senado, Roberto Gil. ¿Será?
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