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Ya el gobierno del presidente Peña Nieto había mandado a tartamudear al secretario de Educación, Emilio Chuayffet, que las evaluaciones ordenadas por la reforma educativa quedaban suspendidas. Pero los líderes de la CNTE querían más. Amenazaban con tomar plazas y oficinas públicas y sabotear las elecciones del 7 de junio de 2015.
En una de las últimas reuniones con los líderes de la CNTE por esos días, el subsecretario de Gobernación, Luis Miranda, perdió la compostura y les dijo:
—Ustedes lo que quieren es ponernos contra la pared y no lo vamos a permitir.
Levantó la voz y señaló con el índice al secretario de Organización de la Sección 22 de Oaxaca, Francisco Villalobos:
—¡Se les va a aplicar la ley y tú vas a ser el primero, Villalobos!
Los maestros quemaron algunas casillas sin afectar gravemente la jornada electoral. Dos días después, el subsecretario Miranda anunció que se suspendía todo diálogo con la CNTE hasta que los maestros regresaran a dar clases en las escuelas.
—Eso quiere decir que las circunstancias cambiaron, que no podemos negociar contra la pared, ni atender demandas imposibles —me dijo entonces Miranda.
El Estado mostró el músculo y no se ha detenido en estos 365 días. Se actualizaron 40 expedientes judiciales. El 21 de julio se le quitó a la CNTE el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO). En octubre, semanas antes de que se llevaran a cabo las evaluaciones en esa entidad, se detuvo a cuatro líderes de la CNTE y se les recluyó en el penal del Altiplano: Juan Carlos Orozco, Othón Nazariega, Efraín Picaso Pérez y Roberto Abel Jiménez.
La CNTE se reagrupó y contraatacó el 15 de mayo con protestas y plantones en las plazas centrales de la ciudad de Oaxaca, Tuxtla Gutiérrez y en el centro de la CDMX. En Oaxaca hicieron ver que apoyarían al lopezobradorismo en las elecciones del 5 de junio. Perdieron en las urnas y, salvo por las escuelas cerradas en Chiapas, parecieron perder también fuerza, tamaño e inventiva.
Vino así el que pinta para convertirse en el golpe a la cabeza para noquear a ese movimiento, que hace un año daba la impresión de tener comiendo de la mano al gobierno de Peña Nieto. Agentes federales detuvieron ayer al líder de la sección 22, Rubén Núñez, acusado de lavar dinero, de hacer fraude con el dinero público por montos que irían de los 24 a los 132 millones de pesos; 24 horas antes detuvieron a Francisco Villalobos por robo agravado, enriquecimiento ilícito, daño a propiedad ajena… Ambos duermen en el penal federal de Hermosillo, Sonora.
Villalobos no sería el primero, sino el quinto en ir a la cárcel. Se dirá que es un preso político, y lo es. Pero de que existen elementos para aprehenderlo, tampoco hay muchas dudas. Simplemente, el Estado con el que alguna vez dialogó, le está aplicando la ley a secas.
MENOS DE 140. ¿Cuánto tiempo van a dejar pasar los presidentes de la República y del PRI para reunirse y revisar el 5 de junio y lo que sigue?
gomezleyvaciro@gmail.com
