Ha llegado abril, el mes en que el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos deberá presentar su informe final sobre los muertos y los desaparecidos de Iguala-Ayotzinapa-Cocula. Los expertos llegan a abril sin margen político para la coincidencia.
Para salir airosos deberán concluir algo distinto a la aún hoy investigación más sólida que se conoce, la de la PGR de Jesús Murillo Karam, expuesta en noviembre de 2014 y febrero de 2015. Por lo poco que han adelantado ellos y organizaciones sociales afines, el informe final irá en la línea del trabajo preliminar que presentaron hace siete meses. Y dígase lo que se diga, eso implicaría que no hay mayores discrepancias con la PGR en los tres primeros momentos de la tragedia:
1. Los normalistas fueron sometidos por policías municipales imbricados con grupos criminales.
2. Unos jóvenes fueron asesinados y los demás privados de su libertad por ese siniestro enjambre policiaco-criminal.
3. Por el tiempo que ha pasado, y aunque esto no se pueda determinar legalmente, todos los jóvenes estarían muertos.
La diferencia con la llamada “verdad histórica” de la PGR estriba en:
4. Lo que hicieron los criminales con los cadáveres.
En la historia completa, este cuarto momento sería el de menor relevancia. Pero es ahí donde los expertos han tratado de fincar su singularidad, negando por ejemplo que la incineración de todos los cuerpos se diera en el basurero de Cocula.
En esa intemperie, los representantes de los familiares de los normalistas desaparecidos han demandado en días recientes que los expertos se queden en México una vez que venza el plazo que estipula el acuerdo de asistencia técnica, firmado con el gobierno mexicano el 12 de noviembre. Alegan falta de colaboración gubernamental e invocan una prórroga a partir del punto 10 del acuerdo. Ante eso, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ha sido rotundo: el trabajo de los expertos concluye en abril.
Para disipar dudas, volví a consultar ayer con la Secretaría de Gobernación. Me confirmaron que el supuesto compromiso de ampliar el plazo carece de fundamento, que así se lo dijeron a los padres y a los expertos en la última reunión en Acapulco.
Los acuerdos se firman para ser cumplidos. Pretextos para no cumplir siempre existirán. Menos mal que las culpas y los cálculos políticos no estén moviendo al gobierno al camino del incumplimiento. Si no se cierran las etapas, este doloroso capítulo jamás se aclarará, jamás concluirá.
Secretario Osorio Chong: habrá muchas cosas que reclamarle al gobierno y a usted en materia de seguridad. Pero usted no mató a los normalistas. No lo olvide.
MENOS DE 140. Contraofensiva. Alberto Sentíes, el del Ferrari rojo, recurre a Derechos Humanos de la CDMX. Acusa abuso de autoridad.
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