Más Información
Parafraseando a Vargas Llosa, era predecible que el informe sobre las operaciones de compraventa de las casas de la señora Angélica Rivera y el secretario Luis Videgaray no tuviera la precisión, el rigor intelectual, la claridad y menos la belleza de un poema logrado. Previsibles eran los calificativos que se arrojaron cuando el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, apagó la luz: informe inaceptable, cínico y tendencioso: una burla y una ofensa para la sociedad: una muestra de desvergüenza: pinta de cuerpo entero a un gobierno tramposo y abusivo.
—¿Cómo te sientes, Virgilio? —le pregunto al secretario.
—Qué te puedo decir. El deber de la autoridad es resolver el asunto conforme a la ley y poner a disposición de todos su pronunciamiento y conclusión. En ese sentido, la labor está cumplida, pero siempre será entendible que haya voces en contra: por pluralidad, por oposición, por intereses, por percepciones, por sensaciones, o por justificables inconformidades o desconfianzas generadas por motivos múltiples, incluso de antaño.
—¿Asunto cerrado?
—En este momento, la investigación está concluida con su respectiva resolución. De surgir eventuales asuntos, la autoridad los atenderá según su naturaleza y méritos.
Se acabó, por lo pronto, el capítulo de las casas de Las Lomas y Malinalco (y el apéndice del club de golf de Ixtapan de la Sal). Para la autoridad, para el gobierno del presidente Peña Nieto, ni el Presidente ni el secretario de Hacienda incurrieron en conflicto de interés. No hay responsabilidad jurídico-administrativa ninguna. No se registraron presiones ni intimidaciones a terceros. No hubo injerencias indebidas. Ningún licitante se quejó. Punto.
Coincido con quienes, como Sara Sefchovich ayer en estas páginas, piensan que el asunto daba para más que el agotamiento de la fracción XII del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Y que ahora queda claro que en el México del siglo XXI no hay necesidad de hacer nada ilegal para ganar en la democracia de los compadres. Y coincido con quienes expresan que México carece de instituciones para investigar y sancionar el conflicto de interés.
Queda la sospecha sobre la rectitud de los gobernantes. Queda una casa maldita en Las Lomas, un secretario de Hacienda torpedeado, una primera dama convertida en símbolo de oprobio, un Presidente que, más o menos, se disculpó.
—No hubo siquiera una sanción moral, Virgilio.
—Lo que la autoridad establece es si en el caso existió o no violación de la ley. La investigación, junto con la resolución, constituye la dimensión jurídica del caso, con independencia de otras dimensiones de opinión o análisis, e incluso con independencia de posibles reformas de ley o de instrumentos normativos complementarios que la propia autoridad está construyendo; en este caso, en materia de conflictos de interés.
Como sea, felicidades a Carmen Aristegui y los periodistas que pusieron el tema en el centro de la atención y la conmoción. Aciertan al afirmar que la investigación de Virgilio Andrade no desmiente el corazón de su reportaje. Hay un antes y un después de las casas. Triunfaron.
MENOS DE 140. #ElbaEstherGordilloPresaPolítica
gomezleyvaciro@gmail.com
