“Es peor que las 50 sombras de Gray: firmamos un contrato para ser los masoquistas sin derecho a decir nada… pero nosotros somos los que pagamos”. Así me resume una fuente del gobierno federal su interpretación de la relación que mantiene el régimen de Peña Nieto con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI-CIDH).
Ante las críticas a la investigación oficial de la PGR sobre la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, el gobierno contrató hace un año al GIEI, acordaron un pago en millones de dólares y los expertos extranjeros se metieron al caso.
Durante todo este lapso, el GIEI se ha quejado de que el gobierno no ha cumplido con abrirse del todo. La PGR le ha contestado que sí. Luego el GIEI expresó que sus conclusiones preliminares marcaron que no hubo esa noche un incendio en el basurero de Cocula, donde según la PGR habían quemado a un gran número de estudiantes. En síntesis, por la vía del incendio desmontó la “verdad histórica” de la PGR.
Las partes acordaron un tercer peritaje. Propusieron tres expertos cada uno, y el grupo de seis, al parecer por marcador de 4-2, determinó que sí hubo incendio. La PGR dio a conocer el resultado, pero en la conferencia no estuvo el GIEI y volvieron a chocar. Sin embargo, la actitud del gobierno ha sido distinta. Ya no hubo la búsqueda de conciliación, de dar unos pasitos atrás frente a las recomendaciones internacionales, de aceptación de prácticamente todos los términos e incluso a diferencia de hace medio año cuando a petición de los familiares de los normalistas, aceptó que se quedaran otros seis meses los del GIEI, esta vez ya adelantó el gobierno que no renovará el contrato con ellos y que su fecha de terminación es el 30 de abril, digan lo que digan los papás.
No sólo en este caso, en prácticamente todos los temas el gobierno ha endurecido el discurso. El régimen se ha radicalizado. Ya no busca consensos, ya no guarda las formas de antes, ya no trata de mantener una imagen conciliadora ante sus críticos. Ahora se enfrenta.
Este endurecimiento obedece a una estrategia electoral. En Los Pinos, me cuentan fuentes bien informadas, se realizó una apuesta política:
Según sus análisis, la sucesión presidencial del 2018 va a ganarse con menos de un tercio de los votos. Esto se debe a la pulverización de las preferencias electorales entre PRI, PAN, PRD, Morena y los independientes que surgirían. Por tanto, calculan, con que el PRI tenga un 25-30% de los votos, gana, porque casi de ese tamaño es su “voto duro”, sus incondicionales.
Como consecuencia, ya no quieren conquistar nuevas voluntades, sino consolidar ese “voto duro”. E interpretan que quienes componen ese “voto duro” piensan que los expertos vinieron a derrocar al gobierno de Peña Nieto, no a hacer un trabajo honesto; y que al PAN y López Obrador hay que contestarles duro, atacarlos, exhibirlos, darles con todo.
Esa es la ruta que están empezando a recorrer: predicar para el coro, darles discurso a sus defensores. Lo veremos de muchas maneras y en muchas arenas.
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