Ayer, en estas Historias de Reportero, expuse cómo, con los argumentos que se han hecho públicos, cualquier voz opositora al gobierno puede lanzar una dura, abierta, informada crítica al gobierno federal por su actuación en el caso Ayotzinapa.
Lo curioso es que, con base en la misma información disponible, alguien cercano al gobierno puede hacer exactamente lo mismo para defender la posición oficial:
El Estado mexicano se abrió a un escrutinio internacional sin precedente, mostró que no tiene nada que ocultar y firmó un convenio con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes revisara de cabo a rabo la investigación de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, financiado por el gobierno federal.
Tras más de un año de investigación y de cobrar dos millones de dólares, el GIEI no fue capaz de presentar una alternativa a las conclusiones fundamentales de la investigación realizada por la PGR ni de esclarecer dónde están los 43.
El mayor golpe del GIEI, en todo el proceso, fue afirmar que es científicamente imposible que se haya incinerado a los estudiantes en el basurero de Cocula, Guerrero, y para ello se basó en un informe, del experto peruano José Torero, con faltas de ortografía, simples sumas aritméticas incorrectas y una inspección de 20 minutos en el lugar.
Un peritaje de “desempate”, con la participación de seis expertos internacionales en fuego, incluido el propio Torero, echó por tierra las conclusiones del estudio en el que se basaba el GIEI y encontró que sí hay evidencias de que hubo un gran incendio en el basurero y que fueron incineradas por lo menos 17 personas adultas. Después de exigirlo, pidieron incluso que se ocultara este peritaje porque no se acomodaba a sus teorías y se apresuraron a descalificarlo.
Dice el GIEI que marcó nuevas líneas de investigación, inexploradas por la indagatoria oficial. En realidad, todas ellas estaban desde antes de su llegada a México en la averiguación previa: el quinto autobús, el narcotráfico en la zona, la posible participación de un policía federal en los hechos y la presencia de un mando del Ejército en el hospital. Mintieron al decir que no se tomó declaración a soldados del Ejército mexicano desplegados en Iguala la noche de los hechos. Que un militar y un policía federal hayan estado en las inmediaciones con una participación indirecta no es suficiente para decir que “fue el Estado”.
Sin que se haya aplicado el Protocolo de Estambul, dejan en su último informe denuncias vagas de presunta tortura, con las cuales podrían quedar libres 17 de los detenidos confesos. Hay en total más de 120 involucrados en la cárcel y la investigación continúa. Los expertos del GIEI pidieron el escrutinio público del actuar de la PGR, pero cada vez que la prensa mexicana, como debe ocurrir en cualquier sociedad abierta, aplicó esa revisión a ellos y a sus antecedentes, se dijeron víctimas de una campaña de desprestigio orquestada desde el gobierno.
SACIAMORBOS. No se precipite. Lea la de ayer. Sea tolerante a visiones distintas a la suya, entienda por qué existen. Falta remar en este mar sin certezas.
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