Hace dos años comencé a recibir en mi celular una serie de mensajes de texto inusuales: que debía dinero en mi tarjeta de crédito, que había hecho un retiro de efectivo, que se reportaba la desaparición de un estudiante de la UNAM. Siempre, con un vínculo para dar clic. No lo di porque pensé que me había tocado uno de esos intentos de extorsión tan comunes.
Los mensajes se fueron sofisticando: que tenía problemas con mi visa americana, que unas personas llegaron en una camioneta sin placas preguntando por mí. Y al final de cada mensaje, el vínculo para dar clic y enterarse de más.
Finalmente se volvieron mensajes a la medida: empezaban con un “Loret” o “Querido Loret”; un amigo que me reportaba la muerte de su padre, “están sacando chismes tuyos, supuestamente te tomaron fotos en Univisión”, que una revista publicaría imágenes personales.
Los mensajes buscaban despertar la curiosidad. Pero no caí en su trampa: nunca di clic. Si lo hubiera hecho, mi celular hubiera quedado infectado por un sofisticado software llamado Pegasus y “alguien más” hubiera tenido acceso total a mis mensajes, llamadas, correos, contactos, calendario, y hasta a activar el micrófono y la cámara para escucharme y verme todo el tiempo.
¿Quién era ese “alguien más”? Todas las sospechas apuntan al gobierno federal mexicano, según el informe publicado por The New York Times, que recoge lo investigado por el Citizen Lab de la Universidad de Toronto en colaboración con la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Social Tic y Artículo 19, y que puede consultarse en https://r3d.mx/gobiernoespia. El gobierno lo niega pero los expertos en forense digital tienen pocas dudas de que haya sido la administración Peña Nieto.
El mío es solo uno de los casos.
La noticia más importante de The New York Times ayer, en sus ediciones impresa y digital, fue la denuncia de que “defensores de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción de México han sido afectados por un avanzado programa de espionaje adquirido por el gobierno mexicano”, concretamente por tres agencias federales que pagaron 80 millones de dólares al fabricante israelí NSO Group con la promesa de que sólo se utilizaría contra criminales.
El informe en el que se basa la pieza detectó una correlación inequívoca:
A Juan Pardinas, director de IMCO, a su esposa, y a la investigadora Alexandra Zapata, les llegaron los mensajes mientras impulsaban la Ley 3de3.
A Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Pro, y a dos de sus colaboradores (incluyendo una ciudadana estadounidense), cuando denunciaban anomalías en la investigación de la desaparición de los 43.
A Carmen Aristegui, periodista, y a su hijo, a consecuencia del reportaje sobre la Casa Blanca del presidente.
A un servidor, cuando revelé la ejecución extrajudicial de decenas de civiles a manos de la Policía Federal en Tanhuato y otros expedientes.
En un momento en el que los periodistas en México pagan con sus vidas las denuncias que publican, podría parecer menor el espionaje. No lo es. Porque por el espionaje se abre la puerta para que lleguen más lejos: la intimidación, el acoso, la censura, los despidos, el secuestro, las desapariciones, los asesinatos, la impunidad que favorece que nada de esto se investigue, que nada de esto se castigue. Todo va en la misma dirección, con distintas magnitudes.
Voy más allá. Seguro quieren que sepamos que nos están espiando. Quieren hacernos sentir vulnerables. Que sepamos que saben de nuestros hijos, de nuestra vida privada, de nuestro trabajo, de los temas que investigamos, de las fuentes con las que hablamos. Hay que ser precavidos al extremo, ante este clima de temor e inseguridad para todos los que buscamos difundir verdades incómodas.
Especialmente en un contexto así, mi solidaridad está con todos –periodistas, activistas, defensores de derechos humanos– quienes han sido objeto del mismo atropello. Y mis pensamientos, con los colegas asesinados, sus familiares y sus amigos, y con todas las víctimas de este entorno tan desgraciado.
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