Los procuradores y fiscales de la zona occidente del país estaban reunidos en un lujoso hotel de Tepic, Nayarit. Una de esas reuniones que se hacen periódicamente, para compartir información, intercambiar experiencias, afinar relaciones y revisar la implementación del Código Nacional de Procedimientos Penales y del Sistema de Justicia Penal.

Sin embargo, el anfitrión entró al lugar con otra cosa en la mente. Ostentando un arma larga —era su estilo habitual— llegó a socializar. Parecía que el contenido de la reunión le importaba poco. El fiscal de Nayarit, Édgar Veytia tenía más interés en el after-party.

Mientras caminaba en los pasillos y hacía relaciones públicas con sus colegas, aprovechaba para tomar del hombro a los funcionarios del más alto nivel del gobierno federal y a los procuradores estatales más importantes (hasta entre procuradores y fiscales hay categorías), y les susurraba al oído una tentación: a unas cuantas cuadras del hotel sede les había dispuesto una casa “con todo lo que necesites, muy, muy discreta”, según me relataron algunos de quienes recibieron la oferta.

¿Qué entendieron? Que Édgar Veytia Cambero les proporcionaba todo lo que se les antojara para su noche en la Riviera Nayarit: mujeres, alcohol, droga, menores de edad.

Los que me contaron la historia aseguraron que ellos no aceptaron la invitación y que no saben si alguien tomó la oferta pero no lo descartan.

La invitación a sus compañeros de trabajo era sólo parte de las excentricidades que el fiscal, detenido sorpresivamente en Estados Unidos hace unos días, gozaba por su complicidad con el Cártel Jalisco Nueva Generación y actuaba sin ningún contrapeso o supervisión. Era el único fiscal sin subalternos, sin vicefiscales, sin subprocuradores. Era él, su despliegue de funcionarios de menor rango y el arma larga que siempre portaba. La estampa de la procuración de justicia.

Su jefe, el gobernador de extracción priísta Roberto Sandoval, lo dejó operar. Dice Sandoval que no le preguntaba nada porque le daba buenos resultados. En los índices de inseguridad, sin duda. Nomás que organizaciones como el Observatorio Nacional Ciudadano y el Instituto para la Economía y la Paz han denunciado inconsistencias en esos datos. Sospechan que podrían estar manipulados. Sin contar que no pocos analistas levantan la alerta de que pudo haberse tratado de una pax-narca, en la que el gobierno le entregó el control a un cártel, y punto.

SACIAMORBOS. El asunto tiene un filón político. Preocupación en el PRI, en el PAN y hasta en el gobierno del Bronco porque dinero de Veytia —entiéndase, del Cártel Jalisco Nueva Generación— haya entrado a sus campañas. En el PRI están bajo la lupa los gobiernos de Nayarit y Jalisco. En el PAN, sus campañas en Nayarit, por dos factores: el actual gobernador no quiere al candidato de su partido y el fiscal ocuparía ese cargo también durante los cuatro primeros años de la siguiente administración. Y El Bronco… pues hasta confió en que su amigo Veytia demostrará su inocencia.

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