Viernes 10 de marzo, 8 de la noche. Los teléfonos de Roberto García Orozco, Francisco Chacón y Paul Delgadillo, líderes entre los árbitros, no paran de recibir llamadas. Sentados en la cafetería del Fiesta Inn del aeropuerto de Toluca, están pegados al celular.
Marcan directivos de los equipos. Buscan interlocución. Están alarmados porque se acaban de enterar que los silbantes se han ido a huelga y ya se canceló un partido: José Luis Camargo, el cuarto dirigente del movimiento de árbitros, y el silbante titular de ese encuentro, Luis Enrique Santander, se salieron del estadio de Veracruz. Y ya no se jugó el partido contra Puebla.
Los jefes de los equipos les ofrecen interceder para endurecer las sanciones contra los jugadores que agredieron a los árbitros porque las que anunció hace ratito la Federación Mexicana de Futbol parecieron una burla. Pero piden que ruede el balón.
Los árbitros contestan que lo que quieren es que se aplique el reglamento: un año de suspensión a los futbolistas agresores. Pero están dispuestos a aceptar medio año. Eso no lo dicen. Es su carta de negociación.
Algunos de esos directivos se quedan con la impresión de que Decio de María tuvo la oportunidad de evitar la huelga y se le salió de las manos: se enteraron de que el presidente de la Femexfut citó en su oficina a los árbitros esa misma tarde de viernes pero no les dijo cómo vendrían las sanciones, sólo les pidió un voto de confianza. Ahí pudieron negociarse las sanciones y evitar el paro.
Con muy buenas formas, los dueños hablaron de las pérdidas económicas que vendrían, del golpe a la afición, de la imagen, del futbol. Los árbitros no se movieron. Estaban firmes, pero tenían una preocupación: la Femexfut les había hablado de que si se iban a paro se atuvieran a las consecuencias porque ellos tenían un Plan B.
¿Plan B? ¿Tratarían de seducir árbitros jóvenes? ¿Traerían silbantes de divisiones inferiores? ¿Importarían árbitros de países de Concacaf o Conmebol?
García Orozco, Chacón, Delgadillo, Camargo, Santander y Jorge Isaac Rojas (estos dos últimos recién sumados a la dirigencia del movimiento) recaudaron la lealtad de otros silbantes de menor trayectoria: les contaron que los habían buscado de la Federación para pitar y que se habían negado. Estaban con el paro. También recogieron la solidaridad de otros países: cartas y comunicaciones de Brasil, Argentina, Estados Unidos, Costa Rica. No aceptarían una eventual invitación para arbitrar en lugar de los mexicanos.
El viernes no hubo futbol. Todo apuntaba a que el sábado tampoco habría. Y no lo hubo. Los líderes de los árbitros se juntaron en la Ciudad de México. En un hotel primero, en la sede de su organización después. Cabildeos, llamadas, negociaciones. Ya directamente entre dueños y presidente de equipos y silbantes.
El domingo se reunieron de emergencia las cabezas de equipos como América, Toluca, León, Pachuca, Santos, entre otros. Ahí, en medio de enojos y jaloneos, de reproches y recriminaciones cuyas consecuencias políticas terminarán de verse en varios meses, se acordó la salida al conflicto: presentar una apelación a las minisanciones y castigar un año a los jugadores que agredieron a los árbitros.
(¿Por qué no apelaron antes de irse a la huelga?, les preguntaron a los silbantes. Porque el único facultado para apelar es el presidente de la Comisión de Árbitros, González Iñárritu, y él supo antes de las sanciones y las avaló, porque a él no lo ponemos los árbitros para defendernos, lo pone la Federación para contenernos, contestaron).
Los árbitros fueron notificados. Habían hecho valer el reglamento de sanciones de la comisión disciplinaria. Les pidieron no dar declaraciones. Al día siguiente, lunes, se haría el anuncio. Sucedió a las 3 de la tarde. Y huelga conjurada.
Se terminaba así de escribir un capítulo histórico en, insisto, uno de los centros de poder más relevantes de México: el futbol.
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