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Es un documento oficial. El gobernador de una de las entidades con mayor pobreza, desigualdad y violencia autorizó el manejo discrecional de millones de pesos de recursos públicos con el argumento de “prevenir un trastorno social, económico y político que ponga en peligro la paz social en la entidad”. Estas palabras, que suenan a pretexto, las usó Fausto Vallejo Figueroa, gobernador de Michoacán, para consentir el libre manejo de recursos por parte de Marcela Figueroa Aguilar, una funcionaria que rápidamente escaló posiciones en la administración del priísta.
En el gobierno de Vallejo, Marcela Figueroa —no está confirmado que sea su sobrina lejana— inició como directora de Administración de Fondos de la Secretaría de Finanzas y en enero de 2013 ascendió a la Subsecretaría de Finanzas. El 1 de agosto de ese mismo año fue nombrada encargada de despacho de la Secretaría de Finanzas y ya el 6 de noviembre asumió formalmente la titularidad de la dependencia. Justo ese día recibió un oficio firmado por Vallejo en el que le autorizó realizar las transferencias necesarias entre cuentas bancarias del gobierno “cuando las necesidades financieras del Estado lo ameriten”. Así, sin más restricciones ni precisión, el gobernador le dio discrecionalidad, cheque en blanco para el desvío.
Hoy, Marcela Figueroa Aguilar tiene 12 procedimientos administrativos en su contra en la Secretaría de Contraloría de Michoacán del gobierno de Silvano Aureoles. Es investigada por presuntamente quitarle recursos a programas sociales y de salud, al realizar al menos 10 transferencias irregulares entre cuentas bancarias del gobierno. Las acusaciones suman más de 2 mil 323 millones de pesos y habrían ocurrido cuando encabezaba la Administración de Fondos y como titular de Finanzas. Ahora se sabe que el asunto no queda en ella. El documento que hoy se presenta en esta columna apunta que ella recibió órdenes de arriba: de Fausto Vallejo.
En el procedimiento administrativo DRSP-PAR-325/2015 abierto en contra de la funcionaria se le acusa de transferir irregularmente 150 millones de pesos del Fondo de Infraestructura Social del Estado. Señala que la cantidad fue llevada a una cuenta de la Secretaría de Finanzas en tres movimientos bancarios. Uno de ellos ocurrió el 8 de noviembre de 2013, dos días después de que Vallejo autorizara a intercambiar el dinero sin restricciones. La Contraloría acusa que esos 150 millones de pesos no se ejercieron para los fines de ese fondo y propone inhabilitar un año a Marcela Figueroa de cualquier cargo público. De acuerdo con un documento de la Contraloría, en este procedimiento administrativo figura un oficio del 1 de marzo de 2012 firmado por Fausto Vallejo en el que faculta a la funcionaria a realizar traspasos entre cuentas bancarias. La autorización sería similar a la firmada por Vallejo en 2013.
En su investigación interna, la Contraloría michoacana señala que en los doce procedimientos administrativos “se puede apreciar una conducta irregular desplegada por el entonces gobernador Fausto Vallejo Figueroa” que puede derivar en peculado.
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