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Existe una cosa —no encuentro mejor descripción— que se llama Instituto Mexiquense de la Pirotecnia. Tiene cara de uno de esos inventos de los políticos que les sirven para tapar tragedias, hacer como que solucionan problemas y, eso sí, gastarse el dinero que no es suyo.
El 12 de diciembre de este año, un boletín oficial del Ayuntamiento de Tultepec, Estado de México, recogió las declaraciones del jefe del mentado Instituto Mexiquense de Pirotecnia (IMEPI):
“El tradicional tianguis de juguetería pirotécnica de San Pablito está considerado como el mercado de fuegos de artificios más seguro de Latinoamérica, de acuerdo con Juan Ignacio Rodarte Cordero, director general del Instituto Mexiquense de la Pirotecnia, “con puestos perfectamente diseñados y con los espacios suficientes para que no se dé una conflagración en cadena en caso de un chispazo””.
Exactamente ocho días después de la tajante declaración, un chispazo en uno de esos “puestos perfectamente diseñados” generó una conflagración en cadena que redujo a cenizas y escombros tiznados el tradicional tianguis de juguetería pirotécnica de San Pablito, en Tultepec, y mató a más de treinta personas, entre vendedores y clientes.
Una vergüenza.
Una vergüenza que salió muy cara a los habitantes del Estado de México porque ese elefante blanco llamado Instituto Mexiquense de la Pirotecnia fue creado en el año 2003, cuando el gobernador era el tristemente célebre Arturo Montiel. Su objetivo declarado: “dar capacitación, innovación, asesoría jurídica y supervisiones en materia pirotécnica, a fin de evitar accidentes y siniestros ocasionados por su mal manejo”. Y así, de saque, le asignaron un presupuesto de casi 11 millones de pesos anuales.
La partida se mantuvo en el sexenio del hoy presidente Enrique Peña Nieto y fue escalando en la administración del actual mandatario Eruviel Ávila: 11 millones en 2011, casi 12 en 2012, más de 12 millones en 2013, 12 y medio millones en 2014, casi 13 millones en 2015, y este 2016 batió todas sus marcas: le dieron 15 millones 656 mil pesos, según datos oficiales del Presupuesto de Egresos del Estado de México. En suma, 87 millones de pesos en los últimos seis años.
Ayer le pregunté a José Manzur, el secretario de Gobierno del Estado de México, si no había una responsabilidad cuando menos política, si no es que penal. Me contestó que “por supuesto que sí”. Y agregó: “en este momento nosotros estamos enfocados en salvar las vidas de estas personas (los heridos graves por la explosión), pero te repito: no vamos a defender a nadie que haya caído en alguna negligencia o que en algún momento haya tenido alguna responsabilidad no sólo política, sino también penal, como tú lo dices, pero esperamos tener muy pronto los peritajes de la PGR y por parte de la Fiscalía del Estado”. Luego entrevisté al fiscal estatal, Alejandro Gómez, quien prometió que “esto será materia de la investigación”.
Ya veremos.
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