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Las autoridades federales han detectado una conspiración de poderosos abogados. Son representantes legales de algunos de los políticos más corruptos de México y tienen el objetivo de minar las facultades de investigación oficiales para conseguir que sus clientes queden libres.
Hasta ahí parecería una acción si bien audaz y desafiante al Estado, también que podría ser considerada parte de una estrategia de litigio controversial, pero privada.
Lo preocupante es que han detectado que altos jerarcas del Poder Judicial están jugando de comparsa de estos abogados, cuyos márgenes de maniobra suelen ser mucho más amplios que los de los fiscales mexicanos.
Detrás hay también una motivación política. Jueces y sobre todo magistrados lucen permeados por motivaciones políticas: la posición de los medios de comunicación sobre el asunto, la relevancia noticiosa de un hecho, la percepción ciudadana… todas, cosas que no deberían interferir en el juicio sobre un expediente.
Por eso en casos como el de la ex dirigente de los maestros, Elba Esther Gordillo Morales, y el ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, sus defensores han estado impulsando encima de todo la idea de que son “presos políticos”, buscando abrigo en la opinión pública para que sean considerados víctimas del sistema y no protagonistas de dos de los escándalos de corrupción más indignantes de los últimos tiempos. Ya incluso empieza a circular la intención de meter en este paquete de “perseguidos políticos” al ex mandatario de Veracruz, Javier Duarte De Ochoa.
El caso de Elba Esther Gordillo es quizá el más diáfano de todos: la apodada Maestra tiene dos acusaciones por defraudación fiscal. La primera por dos millones de pesos y la segunda por cuatro millones, a números cerrados. La primera la llevan ganada las autoridades federales que la persiguen, pero la segunda, que es prácticamente idéntica en procedimiento, la llevan perdida. La única diferencia parece ser el tiempo político en que se procesaron cada una de ellas: la primera cuando recién había sido aprehendida y la indignación social estaban en su punto climático, y la segunda, cuando ya Elba Esther había dejado de ser noticia. Y más, porque por ahí cuentan que magistrados a quienes llegó el caso confiaron a autoridades del Poder Ejecutivo que se dejaron permear por estos factores políticos.
Encima de todo, el nuevo sistema penal acusatorio se pone del lado de los delincuentes de cuello blanco, a quienes brinda un fascinante manto protector y, bajo el argumento de que no asesinaron a nadie, los deja con la enorme facilidad de estar en la cárcel por unas horas, máximo días. El coctel es indeseable: en el momento en que la gente está más enojada por la corrupción, hay menos herramientas para encarcelar a los corruptos. Y la ineficacia para perseguirlos, la lentitud para dejarlos huir, es harina de otra columna, pero se suma al coraje.
Por eso, para que el ex mandatario Padrés se quedara en la cárcel, la PGR tuvo que literalmente esconderle una orden de aprehensión y procesarlo por delincuencia organizada. De otra forma, el plan de sus abogados habría salido a la perfección: comparecer ante un juez y ante delitos financieros y de evasión fiscal (no graves), salir caminando al poco rato.
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