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Justo dentro de una semana, el lunes 7 de noviembre, mientras los medios de comunicación de todo el mundo estarán volcados a la cobertura de la elección presidencial en Estados Unidos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene agendado analizar un proyecto que si se aprueba como está planteado, permitirá a los políticos mexicanos secuestrar a la totalidad de los periódicos, estaciones de radio y canales de televisión.
El pretexto es el derecho de réplica. Los impulsores iniciales del golpe son los partidos Morena y PRD. Y la pluma de esta puntilla contra la libertad de expresión la tiene el ministro Alberto Pérez Dayán.
El asunto se entiende fácil: el año pasado, el Congreso aprobó la Ley de Réplica. Estableció que una persona tiene derecho de réplica cuando la información divulgada por un medio de comunicación cause un agravio y dicha información sea falsa o inexacta.
Es decir, procede la réplica bajo dos condiciones: uno, que cause agravio y dos, que sea falsa o inexacta.
Morena y el PRD se inconformaron ante la Corte. No estuvieron de acuerdo en que la información tenga que ser falsa o inexacta para que se obligue a conceder réplica.
El asunto le tocó al ministro Pérez Dayán quien contempla darles la razón. Así viene su proyecto de resolución que someterá a votación de sus compañeros ministros en una semana. Lo divulgó EL UNIVERSAL.
Quitarle la condición de que para que exista una réplica la información tiene que ser falsa o inexacta conduce a lo siguiente:
Imagínese que un periodista dice: “durante el sexenio de Peña Nieto desaparecieron 43 normalistas”. Es un hecho. No es falso ni inexacto. Pero al ser un señalamiento negativo de su administración, el presidente puede decirse agraviado y exigir réplica, ocupando con ello espacio en el medio donde se haya divulgado esa frase.
Imagínese que un periodista señala que “en las contiendas presidenciales en las que ha sido candidato, López Obrador ha desconocido los resultados oficiales”. Un hecho. Pero el líder de Morena quiere tener su réplica a fuerza y si aprueba la Corte, la va a poder tener con el pretexto de que le agravia, aunque sea una realidad incontrovertible.
Así que ante cualquier dato incluso biográfico, el político tendría derecho a echar su rollo, desviando la atención, saliéndose con la suya.
Vamos al extremo. Si un periodista dice: “Javier Duarte se fue salpicado por denuncias y escándalos de corrupción en su administración”, a Duarte se le tendría que abrir la réplica, pero también todo su gabinete que se sentirá agraviado y peor aún, si esta frase se dice en tiempos electorales, tendría derecho a réplica cualquier candidato del PRI que considere que exponer las corruptelas del mandatario agravia su campaña… ¡aunque todo sea verdad! Así que después de decir esa frase, el periodista deberá dedicar el resto de la semana a dar espacio a las réplicas y no a hacer su trabajo.
Estoy convencido de que ante cualquier denuncia periodística, debe buscarse al señalado para que dé su versión, pero lo que está por someterse a votación en la Corte es un proyecto que arrincona a la libertad de expresión y le hace el juego a una clase política desprestigiada que está buscando cómo silenciar a los medios, ahora, por la vía del secuestro.
SACIAMORBOS. El ministro Pérez Dayán está a tiempo de corregir. Dice que está dispuesto y abierto. Veremos.
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