Parece que al fin ya entendieron que no estaban entendiendo. Parece que el presidente Peña Nieto y los suyos han caído al fin en la cuenta de que los señalamientos de corrupción en su contra tienen irritada a la ciudadanía, que no cataloga al asunto como un problema menor ni cultural y que está dispuesta a expresar su coraje por varias vías, incluso la electoral, que es la que a los políticos más les importa.
A lo mejor les “cayó el veinte” tras el resultado electoral de junio de este año cuando fueron arrasados, en buena medida, debido a la insatisfacción generalizada por la corrupción prevaleciente.
Los hemos visto dar su brazo a torcer para aprobar la Ley 3 de 3, pero pelearon y consiguieron que sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses no se hicieran públicas por obligación. Dieron finalmente su “sí” al Sistema Nacional Anticorrupción, pero escondieron en el legajo del paquete económico si le asignaron realmente presupuesto para que opere, como debe, a partir de este año.
Han aceptado que sean perfiles de ciudadanos con prestigio los encargados de nombrar a los funcionarios de dicho sistema, mientras en el Congreso presionan y cabildean para que las principales licitaciones del gobierno federal se realicen sin la mirada de los contralores.
El asunto raya en el escándalo. Desde hace más de dos años está retrasado el nombramiento de los contralores de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Se trata de quienes deben supervisar la legalidad de licitaciones como las del nuevo aeropuerto capitalino (180 mil millones de pesos), el espectro radioeléctrico que quedó liberado tras el apagón analógico (7 mil millones de dólares) y el incalculable negocio de la liberación del precio de la gasolina.
Estamos hablando de operaciones multimillonarias, pero sin supervisión. Y no es que los contralores internos de estos organismos sean automáticos garantes de la legalidad. De hecho, muchas veces son personajes “a modo”. Pero en esta ocasión, ni a eso quieren someterse, ni a cuidar las formas.
El asunto se ve y huele mal. En el Congreso circula que detrás de esta conveniente parálisis está el consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos, en equipo con el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, César Camacho Quiroz.
SACIAMORBOS. A lo mejor debí haber titulado esta columna: “Un pasito pa’lante, un pasito pa’trás” porque tal parece ser la manera como enfrentan el régimen y su partido la crisis que tienen a consecuencia de la corrupción.
Ni qué decir del PAN, que ha hecho del combate a la corrupción una bandera de campaña y de spots, pero encubrió hasta donde pudo al ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés: actuó contra él incluso después de que el PRI procesó internamente el escándalo de Javier Duarte.
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