De qué tamaño habrá sido la desconfianza, de qué tamaño la preocupación, que tras la recaptura de Joaquín El Chapo Guzmán Loera varios funcionarios de alto nivel del gabinete de Seguridad federal tenían las alarmas de sus teléfonos inteligentes sincronizadas con las alarmas del penal de máxima seguridad del Altiplano.
Cuando se fugó el capo en julio de 2015 no sonaron esas alarmas. Estaban desactivadas. El gobierno federal las reactivó después y desde que El Chapo fue recapturado sonaban más seguido de lo que hubieran deseado. Sobre todo porque eran falsas alarmas: animales traspasando la reja exterior de la cárcel, vibraciones en piso y paredes a consecuencia de las obras de construcción privadas que se realizan en las cercanías del centro penitenciario, y una larga lista de etcéteras.
Hasta que los funcionarios se hartaron de que las falsas alarmas los estuvieran interrumpiendo en reuniones o incluso despertando en horas de descanso. Y con el susto, ni cómo conciliar el sueño de vuelta y rápido.
Ese factor fue uno de los que incidieron en la decisión de que Joaquín Guzmán Loera, líder del Cártel de Sinaloa, haya sido trasladado al área de máxima seguridad del penal federal de Ciudad Juárez, Chihuahua.
Desde luego hubo otros factores, como que la cárcel del Altiplano está rodeada de urbanizaciones: permanentemente se otorgan permisos de construcción de casas y edificios, las viviendas cambian de propietario, hay obras subterráneas de la Comisión Nacional del Agua porque el Sistema Cutzamala pasa por ahí y el suelo —quedó claro— es fácilmente penetrable. En cambio, el penal de Ciudad Juárez casi no tiene viviendas alrededor, no hay obras propias de una zona habitacional y el suelo es duro, durísimo, que vuelve prácticamente imposible y exorbitantemente caro construir un túnel.
Además, dentro del centro penitenciario del Altiplano las zonas de dormitorios, patio, locutorios, visitas, atención médica, etcétera, están lejos las unas de las otras. Eso obliga a trasladar al interno constantemente de un punto a otro de la cárcel, y cualquier traslado es un riesgo cuando se trata de un capo con el historial evasivo de Guzmán Loera. En el penal de Juárez, en la misma área de máxima seguridad hay hasta hospital. Todo está junto. El riesgo en los traslados es sustancialmente menor, según datos de la Comisión Nacional de Seguridad (algunas de estas características se las adelanté en estas Historias de Reportero hace varios meses).
Y ahí, en Ciudad Juárez, Chihuahua, por ahora, el capo más famoso del mundo combate la extradición mientras el gobierno federal la intenta acelerar. Calcúlele cuando menos otros seis meses, me dicen los enterados del proceso.
SACIAMORBOS. Pasado el secuestro de sus tres hijos —fueron tres, como aquí lo leyó usted antes que en ningún otro lugar— sus preocupaciones volvieron a ser las habituales: ahora pide que le den más tiempo para estar en el patio.
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