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La Policía Federal dijo que fue un enfrentamiento, pero 22 civiles fueron ejecutados arbitrariamente. La Policía Federal dijo que respetó los protocolos, pero cuatro muertos más fueron con uso excesivo de la fuerza: 4 mil balas desde un helicóptero contra una bodega. La Policía Federal dijo que fue una batalla, pero 13 personas recibieron disparos por la espalda, como en ley fuga. La Policía Federal dijo que los detenidos aceptaron su culpa, pero dos fueron torturados. La Policía Federal movió de lugar siete cadáveres, sembró armas a 16 de los civiles muertos, quemó a dos personas que ya estaban muertas y manipuló todos sus informes oficiales para ocultarlo todo.
Ese es el resumen del informe de 31 tomos, integrado por 11 mil 292 fojas, presentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el caso de Tanhuato, Michoacán, donde murieron 42 presuntos delincuentes y un policía federal el 22 de mayo de 2015.
Un año y tres meses después de lo ocurrido, la CNDH aclaró las cosas con una amplia investigación que abarcó entrevistas con los detenidos desde la cárcel, encuentros con los familiares de las víctimas, solicitudes de información a más de 10 dependencias, investigaciones documentales y de campo, e intervenciones periciales.
Hace justo un año, en agosto de 2015, denuncié en estas Historias de Reportero y en los espacios informativos a mi cargo en radio y televisión, que lo de Tanhuato no era un enfrentamiento sino que hubo ejecuciones extrajudiciales. Lo expuse a partir de esa fecha con base en fuentes oficiales, documentos, fotografías.
Ante estas publicaciones, el gobierno de Enrique Peña Nieto se esmeró en negar los hechos, incluso en tratar de ridiculizar la denuncia. En lugar de transparentar las indagatorias oficiales, que ya les apuntaban estas irregularidades, prefirió ocultar el escándalo. Y lo hizo demostrando que nada aprendió de su manejo en los casos Tlatlaya y Ayotzinapa.
Obviamente, siguió un escándalo nacional e internacional. Varios colegas periodistas insistieron en la denuncia, la reportó Human Rights Watch, insistió Amnistía Internacional y corona la CNDH con recomendaciones contra la Policía Federal y la procuraduría de Michoacán.
Lo importante es que 26 personas fueron ejecutadas por elementos de la Policía Federal.
Sin embargo, del gobierno sólo hay silencio y cerrazón. Silencio porque la procuraduría de Michoacán nunca arrojó sus conclusiones, que las tuvo, sobre el caso. Silencio porque la PGR atrajo desde hace meses la investigación y esta es la fecha en que no ha dicho nada. Cerrazón porque Renato Sales, comisionado Nacional de Seguridad, salió ayer a declarar que acepta la recomendación pero —vaya contradicción— rechaza todos sus fundamentos.
El gobierno federal sigue empecinado en defender una mentira insostenible, animando el fuego de los costos políticos que tendrán que enfrentar el jefe de la Policía Federal, Enrique Galindo, y su superior, el secretario de Gobernación Miguel Osorio Chong.
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