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El Presidente ordenó una investigación a sí mismo cuyas conclusiones absolutorias adelantó al investigador que él designó. Cuando fue —en efecto— absuelto, ofreció una disculpa. Y ahora pidió perdón con más contundencia tras promulgar las leyes del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción.
Durante los veinte meses en que transcurrieron esos hechos, el presidente Peña fue el obstáculo principal para la construcción de leyes que verdaderamente combatan ese mal.
El 16 de diciembre de 2014, en estas Historias de Reportero escribí que el escándalo de las casas de Higa ameritaba una investigación en el Congreso, a través de una comisión con representación de todos los partidos, que incluyera comparecencias de los funcionarios involucrados y del Presidente mismo, en sesiones públicas. El gobierno optó por la charada de Virgilio Andrade. Y él olvidó todo asomo de prestigio propio y se ciñó al guión.
Esa penosa escenificación política no sirvió para comprar tiempo, para ganar credibilidad ni para disminuir la presión. Al contrario: fue más gasolina para la indignación.
El tema de la corrupción se fortaleció como la demanda más sonora de la sociedad. La batalla de numerosas organizaciones civiles para empujar la construcción de un sistema anticorrupción se intensificó más que nunca.
El Presidente, su partido y los partidos opositores prolongaron lo más que pudieron la discusión, hicieron muchos intentos por descafeinar las iniciativas de ley, montaron una especie de venganza contra los empresarios que las apoyaban, corrigieron a medias y finalmente aprobaron el nuevo sistema, que a decir de los expertos luce bastante bien armado, pero que cuenta con algunos vacíos que les permiten seguir ganando tiempo. Por ejemplo, quedaron inconclusas las reglas para transparentar bienes, intereses y cumplimiento fiscal de los funcionarios y el nombramiento de un comité que las aterrice.
Ahora llegó un segundo llamado al perdón. Más contundente pero también más tardío. Lo que no ha llegado es una investigación independiente sobre el escándalo.
La corrupción en el gobierno, en todos sus niveles, con todos los colores partidistas, y en el Congreso federal y los locales, el Poder Judicial y hasta los organismos autónomos es el tema central de la sociedad mexicana. Lo fue en los últimos procesos electorales —sólo hay que revisar las alternancias en estados cuyos gobernadores en turno estaban involucrados en malos manejos de dinero— y lo seguirá siendo en los que vienen, incluidos los presidenciales de 2018.
En estas Historias de Reportero escribí el pasado 4 de julio que “el presidente Peña Nieto ha demostrado de casi todas las maneras posibles que no le interesa combatir la corrupción”. Le queda poco tiempo para demostrar lo contrario.
La reforma que recién promulgó es estructural pero no es suya. Es a pesar de él.
SACIAMORBOS. Ojalá haya cambiado de opinión sobre el tema. O por lo menos que se haya dado por vencido. Las nominaciones de titular de la Función Pública y del Sistema Nacional Anticorrupción nos darán pistas.
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