El gremio de los taxistas ha sido históricamente manejado con los métodos menos democráticos del corporativismo. Permisos de taxi a cambio de lealtades políticas, sitios por votos, choferes para acarrear y como acarreados, dinero, mucho dinero a las campañas y ya en el gobierno, el pago de favores, por qué no, con autorizaciones discrecionales de flotillas.
La explotación partidista al gremio revienta cualquier taxímetro, y la regulación, pero sobre todo la no-regulación (los taxis piratas, por ejemplo) termina siendo jugoso negocio político. Los dueños de taxis beben de la ubre del gobierno y viceversa.
Por eso generó tanto estrés entre gobernantes la irrupción en el mercado de Uber, la red de transportes privados tipo taxi que opera en más de 400 ciudades del mundo.
En la Ciudad de México, el gobierno del filoperredista Miguel Mancera primero lo obstaculizó, pero luego reculó y terminó aprobando una de las regulaciones más felices para Uber, al grado que cuando disparó inusitadamente sus precios durante los días de doble Hoy No Circula, la administración capitalina tuvo herramientas para meterlos a cierto orden y moderar los aumentos. Muy parecida fue la historia con el priísta Eruviel Ávila en el Estado de México, cuyos reflejos iniciales fueron prohibicionistas.
Puebla, donde manda el PAN de Moreno Valle, está por convertirse en la primera ciudad relevante de América Latina en la que se va a negociar la regulación antes de que arranque el servicio tan de moda.
En cambio, hay gobernadores atados a los intereses de sus taxistas, cuyos líderes suelen usar el transporte público como banderazo a sus carreras políticas:
En Yucatán hay ejemplo crítico. Los Nerio Torres, papá e hijo, cuya próspera carrera política en el PRI ha tenido como trampolín el control de los taxistas a quienes incluso han usado históricamente como grupos de choque en momentos de tensión electoral, siguen teniendo poder. El PRI gobierna Yucatán, y el mandatario Rolando Zapata buscó ahogar a Uber con una regulación que obligaba a que cada uno de sus vehículos costara cuando menos 400 mil pesos, que sólo el dueño pudiera ser el conductor, que la administración estatal decidiera discrecionalmente cuántos taxis-Uber pudieran circular y que además pagaran un 10% extra de impuesto. En Yucatán los Uber, choferes y pasajeros fueron agredidos físicamente por las huestes de taxistas del PRI. Ante el escándalo social, la regulación, presentada en sábado para tratar de que pasara indavertida, fue rebajada aunque siguió siendo dura.
En Sonora, de la también priísta Claudia Pavlovich, les cobran un impuesto para un Fondo de Mejoramiento Urbano, les obligan a que el automóvil no tenga más de cinco años y cueste al menos 150 mil pesos. En Guanajuato, del panista Miguel Márquez, los Uber no deben tener más de seis años de viejos, pero los taxis habituales pueden ser de cuando menos el doble. Y en Querétaro, del también panista Francisco Domínguez, por ahí se van.
Lo curioso es que si uno pregunta a estos mandatarios qué piensan de los nuevos servicios de transporte hablan maravillas y se muestran de brazos abiertos. En la letra chiquita pasan del abrazo a la tortura. Lo que indigna no es la regulación, pues eso debe formar parte de una negociación transparente que busque un mejor servicio con seguridad y buen precio, y una mayor creación de empleos. Lo que calienta es la hipocresía.
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