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En el Instituto Nacional Electoral (INE) se preparan para dar un manotazo en la mesa y arrebatar a los gobernadores algunos de los instrumentos que siguen teniendo para influir en las elecciones de sus entidades.
La jornada del pasado 5 de junio dejó bastante claro lo menguado que está el poderío y capacidad de operación de los mandatarios estatales, por cavernícolas que sean sus prácticas políticas: de 12 estados en juego, en ocho hubo alternancia.
Sin embargo, tienen todavía rutas para obtener ventajas ilegales. Quizá la más destacada en años recientes es su dominio sobre los institutos electorales de los estados. La reforma electoral más reciente les quitó buena parte de este poderío al otorgar al INE la facultad de nombrar a los consejeros electorales estatales, agrupados en los Organismos Públicos Locales del INE (OPLEs).
Sin embargo, les mantuvo las manos dentro del presupuesto. La ley dice que los OPLEs le dicen al gobernador cuánto necesitan y en su proyecto de presupuesto los mandatarios deben enviarlo tal cual (sin modificarlo) al Congreso local, que sí tiene facultad para moverlo. Pero claro, muchos Congresos están a merced de los gobernadores y aun cuando no sea el caso, las Tesorerías de las que salen los dineros de las partidas presupuestales son territorio de los gobernadores.
¿En qué se traduce esto? En que escatiman las transferencias de dinero para presionar a los consejeros, para buscar tenerlos comiendo de su mano. A quién se licitan servicios, a quién se encomiendan los Programas de Resultados Electorales Preliminares (PREPs), si se hacen o no conteos rápidos la noche de los comicios.
Algunas joyas:
El año pasado, el panista Marcos Covarrubias de Baja California Sur le quitó dinero al instituto local para dárselo a la reconstrucción de Los Cabos tras el huracán Odile y su correligionario Guillermo Padrés de Sonora nomás no daba dinero al órgano local. En ambos casos, tuvo que viajar una delegación de consejeros nacionales del INE para hacerlos firmar los cheques. La administración del perredista Graco Ramírez en Morelos recortó a la mitad el presupuesto del órgano local y también tuvo que entrar el INE a recuperar parte del monto perdido. En Durango, el OPL no podía sacar de la imprenta las boletas electorales porque el priísta Jorge Herrera Caldera les mantenía retenido el dinero. Javier Duarte en Veracruz y el verde Manuel Velasco de Chiapas, han mantenido en hambruna a los organismos de sus estados, y no pocas veces tuvieron que ser zarandeados por la autoridad electoral federal.
Estos controles presupuestales derivan en OPLEs débiles con poca capacidad de organización. Llegan las elecciones y se exhiben: este 2016, un mes antes de la elección el OPL de Tlaxcala no tenía ni las computadoras para algo tan fundamental como el PREP, y la noche de la elección se cayeron por tensos ratos los PREPs en Puebla y Durango.
Ante ello, hay casi unanimidad entre consejeros del INE para dar un manotazo: atraerán la organización de los PREPs de los estados para volverlos informáticamente robustos y más veloces, y harán obligatorios los conteos rápidos para dar certidumbre la noche electoral.
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