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Con más de 600 mil firmas de ciudadanos que queremos menos corrupción en el gobierno —y quizás un traje de neopreno para sumergirse en las cloacas del poder— varios organismos de la sociedad civil llegaron al Congreso para tratar de cambiar las leyes, como un primer paso para cambiar, en México, el que hoy es el lastre más repudiado por los electores.
No les fue bien. En esa arena, los leones están acostumbrados a comerse a los gladiadores, por fuertes y blindados que parezcan. Y se los comieron.
Ésta es la historia de una negociación fallida —la de las leyes anticorrupción— de acuerdo a como la relatan varios de los involucrados en ella, desde distintos bandos:
Ante la presión pública y tras ver en las encuestas lo caro que le sale al gobierno federal y a su partido el tema de la corrupción, PRI y su aliado Partido Verde presentaron una propuesta que, dijeron, respondía al clamor social, representado por organizaciones civiles como el Imco, Transparencia Mexicana, México Evalúa, la Red por la Rendición de Cuentas del CIDE y otras.
Fue un fiasco. Los alcances eran tan ridículos y la simulación tan evidente que el PRI y PVEM fueron objeto de una justa andanada de críticas en los medios y tuvieron que echarse para atrás.
Sabedores de lo que le cuesta al PRI electoralmente el tema de la corrupción —y más en un año en el que hay comicios para casi la mitad de los mexicanos—, tanto el PAN como el PRD se acercaron a dichas instituciones de la sociedad civil para proponerles que fueran mediadores en una alianza entre ambos. Así se armó el bloque PAN-PRD: con la intención de sacarle jugo político a un PRI que buscaba eludir la rendición de cuentas y con la promesa de que respaldarían lo que la sociedad civil determinara sobre las siete leyes que estaban en juego y que, a decir de todos los expertos, de aprobarse reducirían notablemente, a mediano plazo, la corrupción en México.
Fue una semana en la que el PRI, tratando de resistir la transformación, se llevó una tunda épica en medios de comunicación. La conversación pasó de ser la necesidad de un sistema anticorrupción a cómo los corruptos del PRI querían bloquearlo. Sus encuestas en varios estados que renuevan gubernatura este año acusaron recibo y el PRI decidió cambiar su postura.
Cuando PAN y PRD vieron que el PRI y el Verde se flexibilizaban para negociar con la sociedad civil y aceptar algunas de sus demandas, profundizaron aún más el alcance de las leyes, tratando de volverlas inaceptables para el partido gobernante (y con ello le sacaran más jugo electoral): agregaron cosas como que la declaración 3de3 incluyera hasta los primos de funcionarios y candidatos.
El PRI, vulnerable por el lado de la corrupción, sabía que debía ceder lo menos, pero sin quedarse fuera de la discusión. No podía dar todo su brazo a torcer, porque quedaba aún más vulnerable a futuros escándalos a niveles federal y estatal, pero si no aprobaba algo, otorgaba a sus opositores una joya que explotar electoralmente.
¿Espíritu anticorrupción? Nah. En el fondo, los partidos estaban en la dinámica de la elección de junio mucho más que en el deseo de reformar las leyes contra la transa.
¿Qué pasó después? Le cuento mañana en estas Historias de Reportero.
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