Cuando arrancó el sexenio, Enrique Peña Nieto nombró jefe de la Oficina de la Presidencia a un treintañero del que sólo se sabía que era “gente de Luis” Videgaray.
Aurelio Nuño Mayer había estado a la vera del secretario de Hacienda durante la campaña presidencial, confeccionaban juntos las propuestas del candidato del PRI y luego encabezó el equipo de transición en el área educativa.
Por eso muchos lo imaginaron en la SEP. Hubo sorpresa y duda cuando llegó a la silla que han ocupado en administraciones anteriores personajes siniestros como José Córdova Montoya o Patricia Flores.
En tres años ahí, a Nuño no le reventó un escándalo de enriquecimiento ni de abuso de poder. Y además, lo elogiaban los secretarios de Estado que coordinaba, tanto como sus interlocutores del PAN y PRD con quienes participó en el Pacto por México. Un eficaz e inteligente facilitador, sin agenda personal.
Quizá por eso el presidente Peña decidió insertarlo en la carrera sucesoria: en 2015 lo nombró secretario de Educación, ruta natural para quien formó parte del “cuarto de guerra” que encarceló a Elba Esther Gordillo y fue estratega y pluma de la reforma educativa.
Aurelio Nuño no es un secretario más. Tiene la confianza del Presidente y su bendición para buscar La Grande.
Su arranque en la SEP fue despampanante en forma y fondo: visitó escuelas como candidato en campaña mientras desmanteló el IEEPO; apareció diario en los medios mientras obligaba a los maestros a evaluarse; conseguía 50 mil millones de pesos para remozar escuelas mientras despedía profesores faltistas. Y casi sin raspones.
En el mundo de la política se decía: “Aurelio está imparable”.
Parece que ya paró. Tres muestras:
La depuración de la nómina de maestros luce escuálida: las ONG estiman que hay 20 mil aviadores; Nuño recortó a 2 mil y dijo que esos fueron los que encontró.
La evaluación a maestros se pospuso hasta después de las elecciones.
Y desinfló la prueba Planea para alumnos, que exhibiría el mal estado de la educación.
En un par de meses, de gran impulsor de la reforma pasó a alinearse con los intereses que la quieren frenar.
La SEP ha querido argumentar que es por razones legales, técnicas y presupuestales. Pero hay más: la confesión me la hizo en Radio Fórmula el subsecretario de la SEP, Otto Granados: “Este año se llevan a cabo 13 procesos electorales que introducen un cierto nivel de estrés en las comunidades y estados, que no es conveniente contaminar con un proceso tan delicado como la evaluación”.
El estrés ha de ser del presidenciable y su equipo, quienes posiblemente temen que los agraviados por la aplicación de la ley terminen en las filas de Andrés Manuel López Obrador.
A lo mejor debería evaluar que le ha generado más simpatías mostrarse firme contra los intereses que vapulean el futuro de los niños, que tratar de congraciarse con ellos que han sido y serán fieles a los mítines de Morena, que no parece incomodarse con presumir su alianza con aviadores disfrazados de maestros.
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