Ayer, de manera discreta, sin aspavientos ni grandes anuncios mediáticos, la Procuraduría General de la República se metió a lo que se había ubicado como un pleito local entre dos grupos políticos de Morelos.
Las acusaciones del gobernador de ese estado contra el presidente municipal de Cuernavaca no son suavecitas como para que la PGR permanezca sólo observante del duelo de acusaciones. Corría el peligro de ser acusada de omisión.
Según fuentes federales y estatales, la PGR no atraerá el caso, no se meterá en la guerra de declaraciones ni en la polémica sobre el Mando Único policiaco, pero sí dará seguimiento a los señalamientos que podrían implicar delitos que le compete perseguir:
En una entrevista que le hice el lunes, el mandatario estatal, Graco Ramírez Garrido, denunció que el ex futbolista y ahora alcalde de la capital de su entidad, Cuauhtémoc Blanco, es el delantero central de un equipo vinculado al crimen organizado.
Concretamente, acusó a los hermanos Roberto y Julio Yáñez, dueños del partido que postuló al deportista (el Partido Socialdemócrata local, PSD), de estar en contubernio con Federico Figueroa, hermano del fallecido cantautor Joan Sebastian y señalado por las autoridades como líder del cártel Guerreros Unidos. Y que el enlace sería Carlos de la Rosa, recién nombrado jefe de la policía de Cuernavaca. Blanco, los Yáñez, Figueroa y De la Rosa han negado contundentemente la denuncia de Ramírez Garrido.
Ayer, la PGR vinculó a dos subprocuradurías para entrarle al caso Morelos: la Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y la de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.
El plan de la PGR, señalan las mismas fuentes, es retomar las acusaciones del gobernador Ramírez Garrido y su comisionado estatal de Seguridad, Alberto Capella, y citar a declarar, de entrada, a Federico Figueroa, quien ha dicho públicamente que está dispuesto a hacerlo.
No es la primera vez que Figueroa comparecerá ante la PGR. Rindió su declaración por el caso de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, de cuya desaparición la “verdad histórica” de la PGR culpa justo al cártel Guerreros Unidos. De acuerdo con los encargados de la indagatoria, no dijo nada relevante y quedó libre. Ese expediente está en manos del subprocurador Éber Betanzos, de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad. Pero el seguimiento al caso Morelos quedará en manos de Gustavo Salas, titular de la SEIDO.
SACIAMORBOS. Es bien sabido que Graco Ramírez, perredista, tiene una inmejorable relación con el gobierno federal, priísta. Desde el Presidente hasta el gabinete. Ha apoyado en público y en privado las reformas, las políticas, ha sido un aliado del actual régimen nacional a pesar de militar en un partido de oposición. Esta postura estratégica le ha ganado que lo consientan a lo grande, quizá de más, con apoyos económicos y en seguridad.
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