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El reporte del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) es devastador. Concluye que en México se matan a miles de periodistas porque el Estado es indiferente ante este acto y por la corrupción rampante que lo permite. El castigo por asesinar a un periodista en México es que no hay castigo. No pasa nada.
Según el ranking del CPJ, México está en el 6º lugar en donde hay un mayor número de casos de asesinatos de periodistas sin resolver como porcentaje de la población. Nos ganan países como Sudán; le ganamos a países como Afganistán, Pakistán y Rusia.
El tema podría quedar circunscripto a ser solo del interés de periodistas y medios de comunicación, pero no debe, por dos razones. La primera es que, sin una prensa de investigación libre, el circulo vicioso para que la corrupción y la impunidad continúen e incluso aumenten es mayor. Si no puede salir a la luz una historia sobre un grupo criminal o sobre un acto de corrupción de un funcionario público o sobre la colusión entre ambos actores, entonces vivimos en la penumbra.
La segunda razón es que esta conclusión sobre el asesinato de periodistas se puede ampliar a cualquier ámbito y sobre casi cualquier delito en México. Desgraciadamente. Por más impuestos que se paguen; por más anuncios que hagan los políticos cuando están en busca del voto o una vez que asumen el encargo y que van de un evento al otro prometiendo el oro y el moro, es un hecho que actualmente no están pudiendo con el paquete.
Ni el gobierno federal, ni los estatales ni los municipales.
Podemos voltear a cualquier punto geográfico del país y lo que hay es alarmante. En el norte tenemos hoy a Reynosa con código rojo. Las autoridades no decretan un toque de queda formal pero para fines prácticos, pedirle a la gente que se quede dentro de sus casas, aunque sea por favor, es lo mismo que decretarlo.
En el centro, en la zona conocida como Triángulo Rojo, tenemos a los huachicoleros. Esta semana el robo de combustibles llevó al asesinato de un bebe, la violación de la madre de ese bebe y su hija de 14 años, y la golpiza al padre impotente que tuvo que darles su camioneta pick-up para que puedan tener en donde meter el combustible que roban. El crimen de esta familia: frenarse al baño a media carretera cuando regresaban de entregar unas invitaciones para el cumpleaños número 3 del ahora difunto bebe. El castigo para los delincuentes: ninguno. Impunidad total.
Ahí cerca, en Puebla, los enfrentamientos entre los huachicoleros y el Ejército dejaron 10 muertos y la carretera Puebla-Orizaba cerrada durante cinco horas. Solo pudo ser reabierta cuando las autoridades accedieron al pliego petitorio de los delincuentes que estaban enojados porque la presencia del Ejército no les permitía robar a gusto el combustible. Pidieron que salga el Ejército y la Policía Militar de esa zona para que puedan delinquir a su antojo. ¡Cómo puede ser que las autoridades lo permitan!
México es un país en donde la impunidad es la norma y la justicia es una quimera. Cada quien tiene que velar por su propia seguridad. El Estado, lejos de combatir la delincuencia y la inseguridad, se ha hecho parte y cómplice de ella.
APOSTILLA: Descansando por el puente. Esa fue la razón que dieron en Conafor y en la Presidencia Municipal de Valle de Bravo para explicar por qué sus titulares, el ingeniero Jorge Rescala y Mauricio Osorio, no podían tomar llamada para el noticiero A Las Tres que conduzco en Foro TV el pasado lunes 1º de mayo, cuando incendios en ese Pueblo Mágico estaban consumiendo varias hectáreas ante la inacción de las autoridades.
@AnaPOrdorica
