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Villa Unión es una población de apenas 14 mil habitantes, ubicada 20 km al sur de Mazatlán, Sinaloa. Habitualmente, no pasa mucho por esos rumbos. Pero cuando pasa, pasa en serio. El viernes pasado, al menos 17 civiles murieron en un enfrentamiento con la policía municipal. Además, cinco integrantes de esa corporación salieron heridos de la refriega.
A los muertos de Villa Unión se añadieron 13 víctimas más en otras regiones de Sinaloa. La suma tétrica fue de 30 asesinados. En un solo día. El mes de junio totalizó 182 víctimas de homicidio doloso, apenas menos que en mayo en términos absolutos y algo más en promedio diario. Casi el doble que en el mismo mes del año pasado.
¿Qué está pasando? En parte, una guerra de la que ya se ha hablado y escrito mucho. Hay, según se dice, una disputa sucesoria al interior del cártel que comparte nombre con el Estado. Los hijos de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, están enfrentados con el hijo de Dámaso López, alias El Licenciado. Chapitos contra Mini Lic.
Añádase una pelea contra lo que quede de la banda de los Beltrán Leyva, apoyados (según se dice) por el Cártel de Jalisco Nueva Generación, y el asunto da para mucha bala y mucho muerto.
Pero a eso hay que añadirle una debilidad institucional de antología. La policía estatal de Sinaloa tiene exactamente 808 elementos, según datos del Inegi. Es la quinta corporación estatal más pequeña del país. Puesto de otra manera, Sinaloa tiene más homicidios que policías estatales.
El estado cuenta también con 4,400 policías municipales, pero esos no son muy útiles tampoco. Del total de policías y custodios de Sinaloa, 47% fue declarado no apto en las pruebas de control de confianza. Ningún otro estado se aproxima siquiera a ese dato.
Lo anterior significa que hay en Sinaloa unos 3 mil elementos de corporaciones de seguridad, tanto estatales como municipales, que tendrían que ser dados de baja en los términos de la legislación vigente. Pero allí siguen en las policías, cobrando y trabajando y sin baja en el horizonte.
¿Por qué? Por dos razones. En primer lugar, no hay dinero para pagar las liquidaciones de esos 3 mil elementos. Según me dijo un colega de Sinaloa, correr a todos los elementos declarados no aptos costaría aproximadamente 150 millones de pesos y no hay partida ni recurso ni forma evidente de fondear ese gasto.
Pero, además del problema financiero, hay un asunto más complicado: no hay con quien sustituir a los policías que deben ser dados de baja. El Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública, como se denomina a la academia policial del estado, produce a algunos cientos de cadetes al año, un número que apenas alcanza para cubrir la merma natural de las corporaciones. Ni de broma podría hacer frente a la baja súbita de casi la mitad de los policías del estado.
Entonces Sinaloa, la entidad que le dio nombre a la organización criminal más grande y sofisticada de la historia y que enfrenta un problema de violencia endémica desde hace décadas, debe existir casi sin policías. Y los que tiene están desbordados, bajo asedio constante, en riesgo permanente, con enemigos dentro y fuera, listos a tirar tanta bala como se pueda cuando el miedo lo mande. Y el resultado son incidentes como los de Villa Unión.
Sinaloa sufre más de poco Estado que de mucho narco. Su problema es de complicidad, sin duda, pero también de negligencia. Pinche y pura negligencia de todos los gobiernos del último medio siglo.
alejandrohope@outlook.com.
@ahope71
