En 2008, cuando se negociaba la reforma al sistema de justicia penal, se decidió no tocar a policías y procuradurías. Los promotores de esos cambios estimaron, por buenas razones, que incluir esos temas en ese momento hubiera hecho imposible la construcción de una coalición ganadora. Pero, además, calcularon que las demandas del nuevo sistema desnudarían las carencias de la investigación criminal y de la procuración de justicia. Eso, a su vez, detonaría una nueva ronda de transformaciones.
El cambio produciría más cambios. La justicia generaría más justicia.
O tal vez no. De acuerdo a un reporte publicado por el Imco esta semana sobre el sistema de justicia penal en Morelos, el cambio a un nuevo sistema de justicia penal no ha modificado la manera como se investigan los delitos y como se relaciona la autoridad con los ciudadanos. En este tema Morelos es importante: fue uno de los estados pioneros en la implantación del sistema acusatorio y es donde se deberían de empezar a verse algunas mejoras.
Y pues no. O al menos no tantas como se esperaba. Los investigadores del Imco, encabezados por Ricardo Corona, revisaron a detalle 811 expedientes penales, de dos delitos específicos: robo y homicidio. Aproximadamente una tercera parte de esos expedientes se procesó bajo el viejo sistema y el resto ya con el sistema reformado. Además, encuestaron a víctimas, probables responsables, testigos, agentes del Ministerio Público, peritos, policías y defensores públicos.
Los resultados no son particularmente alentadores. De la encuesta a ciudadanos que entraron en contacto con el Ministerio Público, se obtuvieron los siguientes datos:
—48% dijo que los servidores públicos solicitan o insinúan algún pago o beneficio.
—43% dijo haber hecho un pago extra a un agente del Ministerio Público y 21% a la policía.
—73% no regresaría al Ministerio Público porque pierde el tiempo y no arreglan nada
Esa insatisfacción con el proceso no es gratuita. Los investigadores del Imco encontraron lo siguiente sobre las actuaciones del MP:
—Intervención en el lugar de los hechos: desde la implementación del nuevo sistema de justicia penal, han dejado de acudir al lugar de los hechos.
—Conducción de la investigación: no se ordenan dictámenes periciales (apoyo técnico y científico en las investigaciones) ni trámites indispensables para una adecuada investigación.
—Protección a víctimas, ofendidos, testigos y servidores públicos: En la mayoría de los expedientes analizados hubo violencia, pero con un nivel muy bajo de medidas de protección.
—Resoluciones: se archiva un número considerable de expedientes sin haber realizado una investigación exhaustiva e incluso deja algunos casos sin concluir.
De hecho, para el caso del homicidio, se señala que “en ambos sistemas la mayoría de los expedientes se queda sin concluir.”
Dicho de otro modo, el sistema sigue siendo una máquina de impunidad.
Y esto pasa en Morelos, donde, bien que mal, mal que bien, ha habido un esfuerzo serio de reforma a la policía y a la procuración de justicia, y donde hubo apertura suficiente para someterse a un estudio de este tipo. No me quiero imaginar cómo están otros estados.
Aquí hay una conclusión obvia: la reforma al sistema de justicia penal no tiene efectos mágicos. No va a producir por sí misma otros cambios. No va transformar en automático a las policías o las fiscalías.
Para reformar esos otros eslabones de la cadena de justicia, hay que entrarle, entrarle fuerte y entrarle ya. De otra manera, el nuevo sistema de justicia penal va a acabar pagando los platos por todo lo que no cambió.
(El informe completo se puede consultar aquí: http://bit.ly/2nBZHvM).
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