Policías asesinados. Cuerpos torturados y mutilados arrojados a la vera de una autopista. Balaceras en vía pública a plena luz del día.

Eventos comunes en la Baja California que no lleva adjetivo geográfico, pero inusuales, casi impensables, en la parte baja de la península, en La Paz o en Los Cabos.

Esa distinción está despareciendo. En los últimos meses, Baja California Sur ha experimentado una enorme oleada de violencia. En enero, 55 personas fueron asesinadas en la entidad. Eso equivale a un incremento de 685% con respecto al mismo mes de 2016. Y no, no hay error de dedo ni error de cálculo: el número de homicidios se multiplicó por ocho de un año a otro.

La escalada inició en agosto pasado, cuando el número de víctimas de homicidio pasó de 12 a 34 en un solo mes ¿La causa? Según fuentes locales, una disputa entre una facción del Cártel de Sinaloa, alineada con Dámaso López, alias El Licenciado, y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), tal vez asociado con células ligadas a lo que queda de la banda de los Arellano Félix (o Cártel de Tijuana).

¿Y qué hay en juego? ¿Qué genera bala? Con toda probabilidad, el control de la venta de drogas a los turistas que fluyen en gran número a la entidad.

Las amenazas públicas de uno y otro grupo han proliferado en semanas recientes. Hace unos días, una narcomanta, firmada por unas autodenominadas Fuerzas Especiales Dámaso, apareció en Cabo San Lucas, en la cual el grupo se atribuyó el homicidio de dos policías ministeriales, asesinados “por torcerse”, y amenazó al resto de las autoridades estatales y federales. A finales de diciembre, un mensaje intimidatorio, firmado éste por el CJNG y dirigido en contra del director de un centro penitenciario, fue encontrado en Comondú.

La combinación de narcomantas, actos de violencia pública y atentados en contra de autoridades han sido, en otros estados y en otros contextos, señales de guerra amplia y prolongada entre bandas criminales. Y eso parece estar sucediendo en Baja California Sur: enero bien podría ser el primero de muchos meses muy sangrientos en la entidad.

Hay además dos agravantes. La primera, el estado tiene relativamente pocos recursos para hacer frente a una escalada de violencia de esta magnitud. Entre corporaciones estatales y municipales, cuenta con menos de 2 mil policías, la mayoría de los cuales están mal pagados, mal equipados, mal entrenados y mal capacitados. La segunda, Baja California Sur es tan lejano y tan pequeño que no genera suficiente atención para detonar una respuesta federal vigorosa. Es el síndrome de Colima en la península: mucha violencia en estado pequeño, insuficiente para que alguien de fuera haga algo, intolerable para los que están dentro.

Pero hay también el síndrome de Cancún y el trastorno de Ciudad Juárez: un elevadísimo crecimiento demográfico en décadas recientes (entre 1990 y 2015, la población más que se duplicó), impulsado por la migración de hombres jóvenes, con una resultante disminución del capital social. Añádasele una buena dosis de pobreza laboral y una insuficiente provisión de servicios públicos y se obtiene un coctel social explosivo.

¿Qué le espera entonces en los próximos meses a Baja California Sur? Nada muy bueno, me temo.

En otros temas. Va una corrección a mi columna del miércoles pasado. Medido en tasa de averiguaciones previas por 100 mil habitantes, enero de 2017 fue el segundo enero con más homicidios de los últimos 20 años, ligeramente por debajo del nivel de 2011.

alejandrohope@outlook.com

@ahope71

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses