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El lunes pasado, el juez federal Vicente Antonio Bermúdez salió a correr por las calles de Metepec, Estado de México. No duró mucho su sesión de ejercicio: a pocas cuadras de su domicilio, un sicario lo ultimó con un balazo en la cabeza.
Este caso no es único, pero sí es raro. Ningún juez federal había sido asesinado desde 2006, cuando murió a balazos René Hilario Nieto por órdenes, según versiones de la época, de Osiel Cárdenas Guillén, líder del Cártel del Golfo.
De hecho, los atentados contra miembros de la Judicatura Federal son escasos. En 2010, se salvó en Nayarit de balas asesinas (a costa de la vida de uno de sus escoltas) el juez Carlos Alberto Elorza. En 2015, el juez federal Joel Fernando Tinajero fue herido de bala en Jalisco, aparentemente a consecuencia de un robo.
La relativa escasez de estos incidentes no es casualidad. El Poder Judicial federal protege bien a sus integrantes. Según datos del Consejo de la Judicatura Federal, 21 jueces y magistrados contaban en 2012 con escoltas. Asimismo, 78 funcionarios tenían asignado un vehículo blindado.
Eso no es todo. El Consejo de la Judicatura Federal cuenta con un protocolo de seguridad ante amenazas a los juzgadores. Según he podido averiguar, ante intentos de intimidación, los jueces y sus familias son a menudo transferidos a otras localidades.
En los Poderes Judiciales locales, sin embargo, no existen las mismas precauciones. Y en ese espacio, las agresiones son mucho más comunes. En julio pasado fue asesinado un juez de paz en Tixtla, Guerrero. En mayo de 2014 fue acribillado en la Ciudad de México un juez del fuero común. En junio de 2013 fue levantado y asesinado en Sinaloa un juez mixto, junto con su esposa y sus dos hijas. En 2008, un juez fue ejecutado en las calles de Monterrey. En 2006, murió a puñaladas un juez en Guerrero.
Esa es sólo una lista parcial de incidentes mortales. Los intentos de intimidación son aún más frecuentes. A principios de este año, dos jueces de Guerrero pidieron su cambio de adscripción tras recibir amenazas de la delincuencia organizada. En 2012 dos jueces en Veracruz recibieron mensajes intimidatorios de presuntos Zetas.
Y ni hablemos de la corrupción, la otra cara de la intimidación. Tan sólo en el Estado de México, había el año pasado 30 jueces sometidos a una indagatoria por diversas irregularidades.
De toda esta evidencia, no cabe más que una conclusión: el Poder Judicial, particularmente en el ámbito local, está bajo asedio continuo. Eso es malísima noticia. De por sí el grueso de los delitos no se denuncia. Y cuando se denuncian, no se llega en la mayoría de los casos a una consignación ante un juez. Si a eso se le añade que los jueces pueden ser objeto de intimidación o corrupción, queda borrada cualquier posibilidad de justicia.
Por eso es absolutamente indispensable proteger al Poder Judicial. Eso significa varias cosas. En primer lugar, dedicar todos los recursos disponibles para resolver los homicidios de jueces, empezando por el de Vicente Bermúdez. No importa si el perpetrador actuó bajo las órdenes del Cártel de Jalisco o del Chapo Guzmán. Lo absolutamente crucial es que todos los responsables sean llevados ante la justicia.
En segundo lugar, es necesario reforzar los protocolos de seguridad en la Judicatura Federal y, sobre todo, en los estados. Los jueces no pueden estar a la intemperie cuando tratan casos delicadísimos que involucran a personas de altísima peligrosidad.
Y el remate debe ser, por supuesto, un combate frontal a la corrupción.
Que a todo mundo le quede claro: si no se puede proteger la seguridad e integridad de los jueces, no hay justicia posible. Así de fácil.
alejandrohope@outlook.com
@ahope71
