Aunque la instancia encabezada por Benito Neme ofreció que daría parte a la Procuraduría Federal de la Republica y a la Secretaría de la Función Pública, ni una ni otra han dado señales de vida.
Lo grave del caso es que, de acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, dos de los involucrados en la trama han logrado, por idéntica vía, otros contratos por un global de mil 200 millones de pesos.
Estamos hablando de Marco Antonio Reyes Saldívar, hijo de Manuel Reyes López, líder de la Asociación Sindical de Obreros y Empleados de Mantenimiento, Conservación, Limpieza, Seguridad y Servicios en General, y de Estela Vega, una cuñada del funcionario de Capufe.
El primero es propietario de la empresa Reisco, Operadora de Servicios, cuya principal actividad se centra en limpieza. En paralelo, está ligado a las firmas similares Kasper, Claver y Ocram Seyer, es decir Reyes al revés.
La segunda mantiene contratos que le permiten “empujar” las firmas y obtener información privilegiada en la fase previa a las licitaciones.
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad tiene docenas de correos electrónicos en que se le solicita apoyo a la mujer o se le instruye sobre los siguientes pasos.
Hasta hoy el binomio ha logrado contratos en 30 dependencias federales.
El abanico oscila desde el Instituto Nacional de Bellas Artes hasta el Hospital General de México, pasando por el Instituto Politécnico Nacional, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el ISSSTE.
En este último caso habíamos denunciado en este espacio (“Tuercen licitación del ISSSTE”) el 22 de abril de 2016 una serie de zancadillas para sacar de la jugada a dos competidoras de la firma de Reyes Saldívar, Fejastec y Ficot, acusándolas de incumplir una norma de la Secretaría del Trabajo.
La prueba exhibida fue un oficio que en el papel había emitido la subdelegada Federal del Trabajo en el Distrito Federal, Aquilina Pérez Sánchez, que según las firmas fue alterado.
El número de folio no correspondió a los estudios presentados por las empresas en la fase previa a la licitación.
Y aunque al día siguiente se exhibió otro documento, ahora sí en empate de folios, las empresas demostraron que era apócrifo.
Acompañados de un fedatario público, los representantes de las firmas acudieron a las instalaciones de la Secretaría del Trabajo, donde, en presencia del jefe de Inspección de la dependencia, se dio fe de que sí cumplían con la norma de la discordia NOM-000-STPS-2014.
El visto bueno estaba en los archivos de la Secretaría.
Fejastec había obtenido 59.5 puntos, de 60 posibles en su propuesta técnica.
Aun así el Órgano de Control Interno del ISSSTE no solo inhabilitó, sino sancionó económicamente a las empresas… que no pudieron plantear ya su propuesta económica.
La alfombra se tendió, pues, para que el contrato de tres años por 55 millones de pesos se le entregara a la empresa Reisco… por más que el organismo aduce que fue quien obtuvo mayoría de puntos.
El asunto había saltado al Senado, cinco de cuyos integrantes de la bancada panista, encabezados por Juan Carlos Romero Hicks, han planteado un punto de acuerdo para solicitar al ISSSTE transparentar el procedimiento.
La propuesta la analiza la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.
Coyotes en la pradera.
Balance general.
Detenido el miércoles pasado, el presidente municipal de Palmar de Bravo, Puebla, Pablo Morales Ugalde, acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionados con el saqueo a ductos de Pemex, tiene al menos cuatro gasolineras en Acatzingo, Palmar de Bravo, Tepeaca y Tecamachalco, en sociedad con sus hermanos Rey y Job Morales Ugalde.
La empresa controladora tiene como razón social Distribuidores de Combustibles de Palmar de Bravo.
El municipio es una de las puntas del llamado Triángulo Rojo, a la par de Tepeaca, Acatzingo, Quecholac, Tecamachalco y Esperanza.
La sustracción del combustible se realiza por las noches utilizando camionetas con contenedores de mil litros o bidones de 20 y 50.
En una sola noche ingresan a la zona hasta 90 camionetas.
El detenido había declarado en varias ocasiones que la PGR le hacía los mandados.
Albazo en la Corte.
Inconclusa aún la discusión en el interior de la Suprema Corte sobre el sí o no a una solicitud de amparo de América Móvil contra el artículo 114 de la Ley Federal de Telecomunicaciones que la obliga a mantener tarifa cero en materia de interconexión de llamadas de la competencia por su condición de preponderante, los signos indican que la sesión se reanudará el miércoles próximo.
La intención apunta a que el tema no sea listado previamente, a contrapelo de su trascendencia, dado que el amparo significaría un desembolso de 10 mil millones de pesos anuales que podría repercutir en las tarifas al público.
Aparentemente el promotor de la idea fue el presidente de la Segunda Sala, Eduardo Medina Mora.
Ruta del tequila.
Suspendida la operación del ferrocarril que emprendía la ruta del tequila, con salida en Guadalajara y meta en el pintoresco poblado de ese nombre, Ferromex está tomando la estafeta, sólo que ahora cerrará el recorrido en Amatitlán, donde está la productora de la marca Herradura.
El servicio se inaugura hoy, tras un convenio con la firma Brown Fernam.
La inversión de la empresa ferroviaria de Germán Larrea Mota Velasco fue de 150 millones de pesos. El convoy de ocho carros podrá transportar 420 pasajeros.
Una para ICA.
En lo que constituye un tanque de oxígeno para sus alicaídas finanzas, el grupo ICA acaba de ganar un contrato bajo la modalidad de asociación público-privada para darle mantenimiento a la carretera Texcoco-Zacatepec. El monto es de 5 mil 87 millones de pesos.
La firma encabeza un consorcio que incluye a la constructora Cajón.
Conclave.
Con la presencia del procurador General de la Republica, Raúl Cervantes Andrade, ayer se inauguró el quinto congreso nacional de GIN group, bajo el lema “Calidad por un México competitivo”.
A la cita acuden gerentes y directivos de áreas estratégicas del conglomerado encabezado por Raúl Beyrut.
Entre los conferencistas estará el secretario de Desarrollo Económico del gobierno capitalino, Salomón Chertorivski; el director general de la firma De la Riva Group, Eduardo de León, y el director de Recursos Humanos de Cinépolis, Jorge Rosas.
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