Quizá por ello la fecha cabalística, el sábado pasado, pasó sin pena ni gloria, repique, bocinas, fanfarrias o al menos discursos con promesas de redoblar el paso para evitar el naufragio.

Aunque en las dos décadas la masa de recursos acumulada alcanza 3 billones de pesos, equivalentes a 15% del Producto Interno Bruto, cuya tercera parte está integrada al financiamiento de proyectos productivos, ya la Red Compartida, ya los contratos petroleros o los bonos educativos, la liga no se ha estirado lo necesario.

Calcado el esquema del modelo chileno ante un escenario financiero incierto para el país, hete aquí que las primeras jubilaciones en la nación andina han provocado protestas al no empatar con la garantía mínima de pensión prometida.

Y aunque ante la posibilidad de un fiasco similar la OCDE ha prescrito una receta, ésta no ha podido o querido hacerse efectiva ante la resistencia patronal.

El primer punto habla de igualar las aportaciones de los trabajadores privados con los del sector público, es decir, pasar de 6.5% del salario base de los afiliados al Seguro Social a 11.3% de los integrados al ISSSTE.

El problema es que de acuerdo con la ley, el trabajador privado cubre sólo 1.125% de la aportación, dejándole al patrón 5.18% restante.

Desequilibrar el escenario provocaría, a su vez, protestas sindicales.

La OCDE había planteado que los incrementos se apuntalaran en las revisiones contractuales, es decir, cuando el trabajador recibe un incremento salarial, lo que implicaría elevar su porcentaje al fondo.

Ahora que la receta habla de evitar que los trabajadores utilicen parte de los ahorros para situaciones difíciles, constriñendo la posibilidad a cuestiones extremas como desempleo largo.

Las reglas hablan de retiros acotados cada cinco años.

La ruta habla también de introducir contribuciones obligatorias para trabajadores independientes, para aumentar la cobertura y prolongar los periodos de contribución.

Dicho con todas las letras, involucrar a los informales.

En paralelo, se habla de destinar el ahorro para vivienda para engrosar la aportación para el retiro, lo que implicaría un incremento de 5%, único punto que está en proceso se hacerse efectivo.

Lo cierto es que aun cuando en los 20 años de SAR se ha reducido el monto de las comisiones de las intermediarias, para la OCDE éstas siguen siendo altas.

Por lo pronto, aunque el gobierno ha centrado la posibilidad de empatar recursos con promesas vía el ahorro voluntario, no se ha logrado que éste sea susceptible de deducción fiscal.

Lo grave del caso es que la conmemoración de los cuatro lustros llega en un escenario de desconfianza hacia las intermediarias, tras de que las cuatro más importantes fueron multadas con mil 100 millones de pesos por coludirse para impedir o acotar los traspasos solicitados por los usuarios.

El descontento se hace mayor al legitimarse el embudo, ahora con una serie de restricciones para el trabajador que quiere cambiar de intermediaria, lo que favorece, justo, a las castigadas.

Ahora que, con el surgimiento de nuevos instrumentos como los Certificados de Capital de Desarrollo, cuya posibilidad se nutre del ahorro del sistema, también han surgido mayores riesgos de quebrantos.

20 años después…

Balance general.

Colocadas en el ring las empresas promotoras de vivienda, constructoras y cementeras, es patética la ausencia de un árbitro que evite las patadas bajo la mesa o los golpes bajos. Aunque la Concamin, en su calidad de cúpula industrial en cuyo techo están las cámaras respectivas, intentó el papel, éste le quedo grande ante la incapacidad de sus dirigentes.

El que tendría el rol, en tal caso, es decir el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, se ha concretado a darle la razón a los detractores de las firmas cementeras al ofrecerles que habría cupos, es decir posibilidad de importar determinada cantidad de cemento sin arancel o impuesto de importación al calce.

En el escenario la Cámara de Vivienda ha inclinado la balanza al aducir que los incrementos en el precio del cemento vuelven misión imposible construir vivienda social.

Sin embargo, se soslaya el esquema regulatorio a que están sometidos sus socios, que les impide construir en lugares donde los terrenos son mas baratos.

Informe financiero.

El miércoles pasado, en ruptura de todas las marcas, el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social aprobó el Informe al Ejecutivo y al Legislativo sobre la Situación Financiera y Retos del organismo, lo que le dio luz verde a su distribución.

No hubo debate. No hubo aclaraciones. No hubo precisiones.

El texto plantea un escenario de recuperación financiera del organismo vía el aprovechamiento integral de la infraestructura. Sin embargo, desde hace 20 años el número de camas por cada mil derechohabientes es de 0.8.

En paralelo, el faltante de reservas para atender jubilaciones y pensiones de los propios trabajadores del Instituto sigue sin una solución integral que impida drenar recursos para evitar el colapso.

Dos rondas.

El próximo 12 de julio se desahogarán dos licitaciones para contratos de exploración y extracción de petróleo durante la Ronda 2.

Hasta hoy la Comisión Nacional de Hidrocarburos ha recibido 18 solicitudes de participantes, la mayoría firmas extranjeras.

Capacitación en puertos.

La que acaba de firmar un convenio con la Coordinación Nacional de Puertos y Marina Mercante y la Facultad de Ingeniería de la UNAM es la Asociación de Infraestructura Portuaria que encabeza Claudia Sánchez, en vía de reforzar la capacitación en la materia.

El primer curso apunta a la Infraestructura Marítima y Costera, dedicado a profesionales de las Administraciones Portuarias Integrales.

Se calcula que llegarán inversiones de infraestructura por 3 mil 500 millones de pesos.

Inversiones a Hidalgo.

En la ruta de la promoción de la entidad federativa como pivote de desarrollo han llegado a Hidalgo en las últimas semanas empresas como Munsa Molinos, Laboratorios Quimpharma, Cinética Química, Azteca-ABA, Criogas, Arteche y Atex, cuya inversión conjunta alcanza 622 millones de pesos.

Las firmas están creando 246 empleos.

En paralelo, la desarrolladora urbana Ideurban está apostando 500 millones en desarrollos.

albertobarrancochavarria0@gmail.com

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