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De haber cumplido la empresa productiva de Estado el requisito burocrático, habría tenido que reconocer un escenario similar al existente en la fase previa a una tregua para eludir un proceso sancionatorio.
Estamos hablando de la cancelación de un procedimiento abierto en 2013 por mantener la entonces paraestatal un monopolio en la materia, lo que impedía a la clientela, especialmente gasolineras, tener sus propios medios de abasto.
En 2010, es decir, en el preámbulo de la reforma energética que abrió a particulares la transportación vía terrestre o de ductos, la empresa había firmado un contrato con los principales grupos gasolineros, para ser ellos quienes transportaran el combustible que le compran.
La posibilidad se soslayó a presión del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, al que se le había concesionado el negocio.
Cancelada la vigencia de añejas prebendas, como la posibilidad de contratos para transporte de combustible, a la vera de la cual se volvería multimillonario el empresario Sergio Bolaños; cancelada la exclusividad para comercializar deshechos de refinerías, el sindicato encabezado por Carlos Romero Deschamps defendía con las uñas la “conquista”.
Y la siguió defendiendo, pese a que Pemex perdió un último round ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en defensa del escenario, y pese al arreglo con la Cofece.
Atrincherados los sindicalistas en las terminales de almacenamiento y distribución de Pemex, se le siguió cerrando el paso a los transportes de particulares.
En el mejor de los casos, la barrera se convertía en embudo: tres pipas con bandera de la empresa por una de carácter privado. El procedimiento se da lo mismo para gasolinas y diesel que para combustóleo o petrolíferos.
Y háganle como quieran.
El pacto con la Cofece, firmado en septiembre del año pasado, obligaba a cancelar cualquier trato discriminatorio, comprometiéndose Pemex a seis obligaciones, entre ellas un listado de venta especificando el medio de transporte utilizado; una relación de las compañías transportistas privadas y el reglamento para permitirles el acceso…
Los informes nunca llegaron.
En el pataleo de Pemex para desviar el proceso por las vías legales, se planteó ante la Corte que, de acuerdo con el artículo 27 de la Constitución y la Ley Reglamentaria Vigentes en 2013, se le otorgaba la exclusividad en el transporte de combustible, y sus contratos firmados por las franquiciarias señalan que las gasolinas y el diesel son de su propiedad, por tanto la firma tiene albedrío para decidir cómo transportarlas.
En la fase previa, la Cofece le había prohibido a Pemex mantener la práctica, fijándole 30 días hábiles para desmantelarla, e imponiéndole de pasadita dos multas, una de 1.6 millones para la matriz y otra de 651 para Pemex Refinación.
En total 653 millones.
La Segunda Sala de la Corte negó un amparo a la empresa contra la medida, tras perder un recurso de inconformidad.
Como usted recuerda, la plana mayor del espectro político, incluido el director general de Pemex, José Antonio González Anaya, concurrió hace unas semanas a la boda de lujo de una hija del dirigente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Carlos Romero Deschamps.
Balance general.
Aunque el Instituto Mexicano del Seguro Social presumió de haber obtenido ahorros por 198 millones de pesos, por los nuevos contratos —a tres años— para el servicio de vigilancia privada para 2 mil 211 inmuebles distribuidos en ocho regiones, se abstuvo, dejó de lado, al menos por el momento, los nombres de las empresas ganadoras.
Como usted sabe, dos de las regiones se quedaron en blanco: una, la Noreste, por no presentarse postores, y otra, la Noroeste, por descalificar al postor.
El caso es que al interior del organismo se habla de que una de las firmas ganadoras tiene como socio a un cuñado del director general de Petróleos Mexicanos, José Antonio González Anaya.
El responsable de la licitación fue el director de Administración, David Palacios, quien está en proceso de salida… para ocupar un puesto en Pemex.
Los contratos obligan a personal y equipos de videovigilancia, además de una central de servicio para cada inmueble.
Trapitos al sol. Desatada la guerra entre el dirigente de la Concanaco, Enrique Solana Sentíes, y dos ex integrantes de la directiva de la cúpula mercantil, Juan Carlos Pérez Góngora y Guillermo Romero Rodríguez, siguen saliendo trapitos al sol.
Los disidentes señalan que el dirigente recibe 12.8 millones de pesos por consejerías derivadas del cargo, ya en el IMSS, Infonavit, Infonacot, Afore XXI Banorte… recursos que administra en forma directa.
En el caso del Seguro Social, el ingreso es de 7 millones de pesos anuales, que cobra vía directa o por terceras personas.
El dirigente se niega a convocar a una asamblea general extraordinaria en la que, sin tocar la sucesión, se ventilen las acusaciones que pesan en su contra.
Existe un amparo que impide que se vote la renovación del Consejo Directivo y la Mesa Directiva, incluido el presidente.
Dicho y hecho.
Despertada la suspicacia de los participantes en una licitación para adquisición de pruebas químicas con servicio integral, convocada por el Hospital del Niño Morelense, al permitirse a la firma Importadora Bassab presentar su oferta pese a llegar 15 minutos tarde a la cita, en un escenario en el que se alteró el testimonio del reloj checador, hete aquí que la firma resultó ganadora.
A quién le importa el cúmulo de irregularidades, que oscilan desde licitar con base en la Ley Federal de Adquisiciones sin especificar si el recurso era local o federal, hasta modificar la fecha de entrega de resultados.
Ahora los inconformes deben trasladarse de Cuernavaca a la Ciudad de México, concretamente a las oficinas de la Secretaría de la Función Pública.
Crece Italika.
Pian pianito, la firma productora de motocicletas Italika, ligada a la cadena de tiendas Elektra, está escalando participación de mercado.
El año pasado vendió 430 mil unidades en el país, en Guatemala, Honduras, Panamá y Perú, cuya mayor parte se ensambló en su planta ubicada en el Estado de México.
La firma ha establecido 700 centros de atención en el país, centro y Sudamérica.
La nómina es de 2 mil empleados.
albertobarrancochavarria0@gmail.com
