Bajo la fórmula mágica se rechazó el 5 de marzo de 2015 que hubiera cualquier anormalidad en la adjudicación por vía directa de cuatro contratos para arrendamiento de vehículos, como lo sostenía esta columna.

El monto de éstos fue de 4 mil millones de pesos.

La empresa más favorecida fue Casanova Vallejo, con 80% del monto, en un escenario en que participaban siete más: Arrendamóvil de México, Frabel Norte, Integra Arrenda, Muebles y Mudanzas, Administradora de Recursos y Operaciones, CA Soluciones Financieras y Lom Financiera del Centro.

El caso es que encargada al entonces auditor interno de la CFE, Ángel Rafael Clavel Romero una auditoría denominada Arrendamiento de Transporte Terrestre, vía la orden CFE/AI/0254/2015, a fin de evaluar el proceso de adjudicación del servicio integral de arrendamiento al amparo del contrato marco del 11 de junio de 2016 emitido por el entonces auditor interno, Gustavo Varela Ruiz y el director de Administración, Héctor Esteban de la Cruz Ostos, el responsable de ésta sí encontró irregularidades.

Estas se notificaron en su momento a Ochoa Reza, hoy dirigente priísta.

El ex auditor afirma tener en su poder documentos que muestran que se trató de un proceso dirigido a la firma Casanova Vallejo.

—El proceso -señala-, fue viciado desde su origen, dado que se filtraba información por parte de personal de la subgerencia de Transportes a la compañía, para que siempre llevara ventaja.

—El estudio de costo—beneficio elaborado por personal de adjudicaciones está alterado a fin de demostrar que el arrendamiento era la mejor opción para la adjudicación de vehículos, al considerar solo a las pick up silverado.

—Las evaluaciones técnicas realizadas por personal de la subgerencia de Transportes fueron tendenciosas, buscando favorecer a tres de las empresas ganadoras.

—Las empresas Casanova Vallejo e Integra Arrenda alteraron sus anexos técnicos para ganar la licitación, situación que finalmente favoreció a quien se llevó más del 80% de la adjudicación.

—Existe la presunción de alteración de firmas de uno de los participantes ganadores en uno de sus anexos técnicos, situación que ya no se pudo comprobar debido a la negativa de la Titular de Auditoría para que se realizaran las pruebas de campo y las compulsas correspondientes.

Los elementos de prueba fueron proporcionados por parte del área auditada, es decir la Coordinación de Administración de la Comisión Federal de Electricidad, entregándose en copia certificada al Área de Auditoría Interna. Sin embargo, nada de nada. No hay suspensión a proveedores; no hay sanciones administrativas a los servidores públicos; no hay investigación sobre posible daño patrimonial…

Presentada una denuncia por parte del auditor Ángel Rafael Clavel Romero ante la Presidencia de la Republica, ésta la turnó a la Secretaria de la Función Publica… y ésta a su vez ¡a la Comisión Federal de Electricidad!

El Área de Quejas, Denuncias y Responsabilidades de la Presidencia de la Republica omitió una orden de archivo del expediente. No hay nada, decían las cartas dictadas por Ochoa Reza.

Balance general. Una de las quejas recurrentes en las licitaciones del sector salud habla de precisiones técnicas especificas, en términos de los equipos, ya aparatos médicos, máquinas para hemodiálisis, que dejan fuera a determinados participantes, quienes se quejan de trajes a la medida para uno de ellos.

El caso es que las reglas las dicta el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica de Salud, tarea que tradicionalmente había realizado el Consejo Nacional de Salubridad.

El organismo está encabezado por Francisco Ramos Gómez, quien podría tener un conflicto de interés por participar en el Comité Técnico de Terceros Autorizados de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, es decir la instancia que le da el registro sanitario a los equipos.

Hasta el fondo. Lo que empezó como una zancadilla a un aspirante a competir por la presidencia del organismo se está convirtiendo en una pesadilla para la directiva saliente de la Concanaco.

A la denuncia por obstrucción que planteó el Grupo Nueva Visión, encabezado por Juan Carlos Pérez Góngora, a cuya vera se mantiene en paréntesis la asamblea electoral de la cúpula mercantil, se sumó otra de carácter penal por presunta desvió de recursos públicos, con la novedad de que en la ruleta se planteó además una querella ante la Auditoría Superior de la Federación. Esta apunta, al igual que la anterior, a presuntas irregularidades en el manejo de Programas de Tabletas Concanaco, que se inició en 2014 con recursos del Instituto Nacional del Emprendedor.

Estos fueron gestionados por el Consejo Coordinador Empresarial.

El organismo empresarial ha sostenido que la propia Auditoría Superior de la Federación ya dio el caso por cerrado, cuando en realidad quien le dio el carpetazo fue el Inadem.

La presunción es que hubo lucro indebido del organismo con los apoyos otorgados, en perjuicio de la Hacienda federal.

Ruido en el ASF. En sentido contrario a las denuncias recibidas por el autor de la columna, la Auditoría Superior de la Federación señala que no se han recortado prestaciones a los trabajadores, o que hubo favoritismo en el cambio de sede de la instancia a la zona Picacho-Ajusco. Todo el personal será enviado a ésta, en un escenario gradual.

El nuevo edificio cuya construcción se inició en noviembre del 2013, se aduce, contó con el apoyo técnico de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Los trabajadores amenazaban con marchas.

Boicot a El Super. De acuerdo con los sindicatos que apoyan reclamos laborales de los trabajadores de la cadena El Super ubicada en el sur de Estados Unidos, propiedad de Chedraui, el boicot provocado contra éstas a partir del año pasado está golpeando las ventas.

Aunque la empresa anunció un incremento al primer trimestre de 11.4%, el monto se calculó en pesos, lo que no plantea la realidad de los cartones, dado que la moneda se depreció en el lapso 11.32%. En términos de dólar las ventas se habrían caído 4.4%, la mayor baja en siete años.

La empresa ha dicho que el fenómeno obedece al “temor y angustia” entre la comunidad inmigrante por las políticas del presidente Donald Trump. Sin embargo, hasta finales de marzo pasado los empleados inconformes habían abordado a 2 millones 78 mil 956 clientes para convencerlos del boicot, logrando el propósito con 369 mil 851.

Silva Herzog. A la vera de la asamblea ordinaria del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores se rendirá este miércoles un homenaje a su director general fundador, Jesús Silva Herzog.

albertobarrancochavarria0@gmail.com

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