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En los nuevos tiempos, ahora la Comisión Nacional Bancaria y de Valores declara a siete intermediarias de “Importancia sistémica”, lo que implicaría que su eventual quiebra arrastraría al sistema financiero y a la economía en general.
La mala noticia es que el status obliga a una mayor capitalización, algo así como regulación asimétrica cuando se trata de empresas dominantes del mercado.
La línea la trazó el Comité de Basilea bajo un parámetro que va de más a menos capital en resguardo, en relación al tamaño de cada banco.
Así, al gigante del sistema, BBVA/Bancomer, se le endilga el grado IV de importancia sistémica, lo que obliga a inyectarle capital adicional en el equivalente a 1.50 puntos porcentuales, en un escenario gradual de 0.25 anual, que se agotara en cuatro años.
La reserva adicional, es decir más allá del 10.5% obligado para todos los bancos, para Banamex y Santander será de 1.20 puntos; para Banorte de 0.90, y para HSBC, Inbursa y Scotiabank de 0.60.
El Comité Basilea está integrado por representantes de bancos centrales y entidades de supervisión de 13 países, entre ellos Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, Japón y el Reino Unido.
Adicionalmente participan en calidad de no miembros España y Luxemburgo.
En los ecos de la crisis de pagos de 1995, tras el golpe que representó el alza de tasas de interés para acotar una furibunda fuga de capitales tras la macrodevaluación del 19 de diciembre de 1994, se levantó una polémica en torno a los señalamientos del auditor canadiense contratado para evaluar el escenario, cuando determinó que tanto Bancomer como Banamex no eran susceptibles de rescate.
Dicho con todas las letras, tenían un índice de capitalización capaz de soportar la avalancha, por lo que no se requería que el gobierno comprara sus créditos con menos opción
de pago.
En el eje de los dimes y diretes se habló de la pérdida de dos hojas del informe final otorgado por el auditor al gobierno de México.
Y aunque la recomendación hablaba de que aún sin los créditos morosos los bancos debían realizar un esfuerzo para cobrar de lo perdido lo que aparezca, la legislación aprobada por mayoría de panistas y priístas en la Cámara de Diputados soslayó el cometido.
Aunque el entonces Fondo Bancario para Protección del Ahorro (Fobaproa) y más tarde el Instituto de Protección del Ahorro Bancario (IPAB), se quedaron con algunos activos derivados de clientes morosos, éstos fueron malbaratados en beneficio de políticos y empresarios favoritos del rey.
En la ausencia de supervisión los bancos pactaban millonarios préstamos quirografarios sin garantía específica al cauce.
En paralelo, los ahorros de la población se utilizaban en compras de acciones de empresas o activos de éstas sin mayor valoración del riesgo.
Los tiempos cambian.
Ahora prácticamente se coloca a los siete bancos más importantes del país un letrero de “prohibido quebrar”.
Balance general. Retrasada la asignación de las frecuencias radiofónicas colocadas en subasta hace unas semanas, se mantiene la incógnita de quién es el socio capitalista de Tecnoradio, la firma que acaparó el 20% del espectro licitado, es decir 37 de 178 estaciones, 34 de frecuencia y tres de amplitud modulada.
La contraprestación es de 282.8 millones de pesos, equivalentes al 18.2 del total pactado, cuyo monto asciende a mil 578.9 millones de pesos. Tecnoradio colocó facturas de hasta 2 mil 100 veces el valor de referencia fijado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Estamos hablando, concretamente, de una frecuencia en Puerto Morelos, Quintana Roo.
La empresa recibió la calidad de “Nuevo entrante”, lo que le dio posibilidad de descuentos en sus posturas, a título de “incentivos”.
Bajo esa condición se justificó el anonimato, aduciendo que no había información pública sobre la firma.
Sin embargo, se descubrió que uno de los socios-fundadores era el director del Instituto Mexicano de la Radio, quien alegó haber vendido su parte… en el mismo precio en que se colocó el capital inicial.
Este era de 60 mil pesos.
Más tarde, se planteó la identidad de los supuestos compradores, quienes según ello se cubrirían con préstamos bancarios.
Sombras nada más. Colocada en escena como la gran noticia el que está en puerta una derrama de 138 millones de pesos para “liquidar” a los trabajadores de Mexicana de Aviación, el cálculo no sale.
Considerando que son 8 mil 600 los que se quedaron sin empleo a la salida de las pistas de la línea aérea, luego de una sospechosa cesión de acciones a un fondo, y que tiene una nómina de 700 jubilados, el prorrateo les daría 3 mil 400 pesos.
Ni la quincena, pues, para un trabajador en retiro de menos ingresos.
La forma en que se habían contabilizado los recursos era la unidad de cuenta conocida como Udis, lo que implicaría 600 por persona.
El síndico de la quiebra no ha dicho nada sobre una de las cartas que jugaban los trabajadores, es decir la venta de slots en el aeropuerto capitalino y algunos extranjeros, con énfasis en Estados Unidos.
Tampoco se ha exigido renta a quienes ocupan los sitios de despegue y arribo, con sus horarios correspondientes.
Marca en construcción. La novedad en la planta del Grupo Peñafiel ubicada en Tecamac, Estado de México, es que se construyó en sólo 316 días, sobre un terreno de 100 mil metros cuadrados, con posibilidad de adaptaciones en empate con las necesidades del mercado.
Lo cierto es que ésta empezó a operar desde noviembre del año pasado, es decir su inauguración oficial, corte de listón al calce por el presidente Enrique peña Nieto, se retrasó cinco meses.
“Casualmente” está llegó en plena efervescencia electoral por la sucesión en el Estado de México. La planta tiene potencial para agotar el proceso de producción en dos líneas.
Parques industriales. En el objetivo de captar más inversión externa, el gobierno de Hidalgo está abriendo parques industriales en Tepeji, Bicentenario, Quma y Atitalaquia.
En total existen 10 de ellos con una extensión conjunta de 250 mil hectáreas.
En el escenario el gobernador de la entidad, Omar Fayad, se acaba de reunir con representantes de firmas como Colliers International Group, JLL Newmark Group, Cushman & Wakefield y Avison Young.
albertobarrancochavarria0@gmail.com
