La querella, en reclamo de daños y perjuicios, se colocó ante una Corte de Nueva York bajo la presunción de que el banco tendió una cortina de humo para cubrir un escándalo de mayor envergadura.

Como usted sabe, en el tobogán la firma contratista de Petróleos Mexicanos debió ingresar a un concurso mercantil o procedimiento de quiebra ordenada, tras enfrentar reclamos en cascada de sus acreedores, especialmente empresas internacionales arrendadoras de barcos.

El presidente de la firma, Amado Yáñez, se encuentra en la cárcel.

En el camino el hoy CitiBanamex despidió a 11 funcionarios presuntamente involucrados en la supuesta trama, algunos de los cuales fueron denunciados penalmente sin que las querellas hayan prosperado.

Oceanografía, ubicada en Ciudad del Carmen, Campeche, quien ofrecía mantenimiento de plataformas y construcción de ductos submarinos, realizó 10 operaciones de préstamos de factoraje o descuento sobre cuentas por cobrar. Entregadas éstas al banco, éste cobraría una comisión de 15% cuando las cuentas eran en pesos y de 20 cuando se habían pactado en dólares.

Para efectos de reposición de los recursos se crearon tres fideicomisos al interior de la intermediaria. Dada la naturaleza de los créditos, éstos no estaban etiquetados a un objetivo específico.

El caso es que en el huracán el entonces procurador General de la Republica, Jesús Murillo Karam, pretendió acusar a Yáñez de desviar los recursos en la compra de vehículos de lujo, concretamente Roll Royce, con base en un legajo de facturas descubiertas en un cateo a la empresa.

Estas, en realidad, amparaban la compra de motores para barcos de la firma inglesa.

La denuncia de Banamex derivó de un hecho fortuito: Pemex acusó a Oceanografía de haber violado la normatividad que obliga a los contratistas a depositar una fianza equivalente al 10% de cada contrato, en garantía de cualquier riesgo.

A Oceanografía le falló el cálculo en dos contratos, lo que provocó un Procedimiento Administrativo Sancionatorio que derivó en una suspensión de dos años como proveedor del gobierno.

El escenario alertó a Banamex, quien saldría al ruedo con su denuncia de falsificación de documentos, por más que Pemex nunca se pronunció al respecto.

Más aún, colocada la firma en concurso mercantil, el juez de la causa, Felipe Consuelo Soto, se negó a integrar el supuesto adeudo con el banco en la masa de la quiebra.

Según el togado sólo existía un saldo de 112 millones de pesos, equivalentes al 1.44% del monto reclamado.

En su resolución Consuelo Soto hablaba de diferencias entre las cantidades depositadas para la contratista de Pemex y las que eran aplicadas al pago de la deuda en la mayoría de los descuentos.

Banamex había reconocido un quebranto en sus utilidades por el caso Oceanografia de 3 mil 172 millones de pesos.

La resolución del juez de no ubicar el supuesto débito en el marco de una eventual renegociación fue avalada por el Primer Tribunal Unitario en Materia Civil y Administrativa del Distrito Federal.

La sentencia planteada por el magistrado Armando Cortés Galván, hablaba de que los adeudos reclamados son inconsistentes en definir el origen, liquidez y exigibilidad.

“Este tribunal, sostuvo el magistrado, no puede conocer si esas deducciones son o no legales; tampoco se puede resolver si el importe reclamado es o no correcto”.

Oceanografía por la revancha.

Balance general. Aunque en Estados Unidos se suspendió la cotización de sus acciones en trance de cancelar su listado, en México se mantiene viva la presencia en el piso de remates de las acciones de la promotora de vivienda Homex.

Sin embargo, lo que pareciera una concesión está prolongando la caída dramática en la cotización. Los papeles se cotizan en 0.56 centavos, el nivel más bajo desde que la emisora debutó en la Bolsa Mexicana de Valores, es decir 2004.

El recuento incluye su debacle dramática al cambio de reglas para construir conjuntos habitacionales de nivel social y medio, que le dejó colgada con metros y metros cuadrados de reserva territorial que resultaba inutilizable.

Como usted sabe, la firma encabezada por Eustaquio De Nicolás fue acusada por la Comisión de Valores de Estados Unidos de fingir la construcción y venta de 100 mil casas entre 2011 y 2012, lo que en el papel le habría permitido incrementar sus ingresos en 3 mil 300 millones de dólares.

¿Huelga solidaria? Emplazado Teléfonos de México por el Sindicato de Trabajadores Telefonistas de la República Mexicana a huelga el 25 de abril en el marco de la revisión contractual, el trámite de rutina se está planteando como reacción frente a las nuevas medidas asimétricas contra la firma.

La exposición de motivos habla de que bajo el marco se perderían 13 mil de las 40 mil plazas laborales.

Como se sabe, el Instituto Federal de Telecomunicaciones ordenó dividir a las telefónicas en dos vertientes, una para administrar la infraestructura y otra para prestar el servicio. Naturalmente el asunto no puede ser causal de huelga, dado que no lo promueve la empresa, sino se le impone.

De estallar ésta la presión sería para el Ifetel. Por lo pronto, el sindicato encabezado por Francisco Hernández Juárez está interponiendo amparos.

Afore XXI a Japón. En el objetivo de ubicar nuevas alternativas de inversión de los recursos de sus usuarios, la administradora de fondos para el retiro XXI Banorte está incursionando en el mercado asiático.

La intención es colocar en renta variable en total 850 millones de dólares.

La primera operación, por 200 millones de billetes verdes, fue intermediada por la firma especializada en administración de inversiones Black Rock, ubicada en Hong Kong.

El objetivo, naturalmente, es diversificar las vías de inversión en los mercados accionarios para buscar mejores rendimientos.

albertobarrancochavarria0@gmail.com

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