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La razón esgrimida por el secretario general, Manuel Vallejo Barragán, es que los servicios médicos del Instituto, ya están rebasados, lo que obligaría a desplazar a derechohabientes.
“Esta situación, sentenció, colocaría a la base de trabajadores en una condición de vulnerabilidad al hacérsele responsable de yerros que son en realidad producto de la mala planeación”.
La paradoja del caso es que la posibilidad, revivida bajo otro prisma en el deseo de reflectores del secretario de Salud, José Narro, está pactada desde hace un año, en el marco de la promesa oficial de universalización de la salud.
El 7 de abril del año pasado, bajo la batuta del propio Narro, se firmó un Acuerdo Nacional hacia la Universalización de los Servicios de Salud en el que se plasmó originalmente la firma de los directores generales del IMSS y el ISSSTE, Mikel Arriola y José Reyes Baeza, agregándose más tarde la de los gobernadores de las entidades federativas y los secretarios de la Defensa Nacional y Marina.
El eje del compromiso hablaba de alentar la construcción de un módulo de atención homogéneo, con una operación integrada y coordinada entre la Secretaría de Salud, las instancias nacionales y los servicios de salud estatales.
En el plano concreto, la primera señal sería abrir indiscriminadamente la atención de los afiliados al IMSS en el ISSSTE y viceversa. La anhelada portabilidad, pues.
El primer paso sería realizar un inventario de la infraestructura existente, incluidos los hospitales del Ejército y la Marina, para evaluar su capacidad.
Las instancias de salud pública homogenizarían giros de prácticas dinámicas, protocolos de atención, grupos relacionados de diagnóstico, expedientes clínicos electrónicos...
El diagnóstico hablaba de que la segmentación por grupos de la población de los servicios de salud es el origen y principal frente de inequidad tanto en términos de financiamiento como de acceso a los servicios, “lo cual conlleva a una prestación de servicios de salud diferenciada en cuanto a cobertura y calidad”.
La meta hablaba de que la totalidad de los servicios existentes tenga puertas abiertas al margen de edad, lugar de residencia, condición social o laboral de la población. Naturalmente, el marco proyectaba el equilibrio con las regiones de alta marginación y dispersión poblacional, “lo cual —decía a la letra el documento—, es incompatible en términos de justicia social”.
El documento incluía 10 compromisos específicos, uno de los cuales hablaba de “avanzar en la construcción de una cultura de respeto a los derechos que tienen los usuarios de los servicios de salud, a fin de garantizar el acceso, calidad y oportunidad de atención médica, así como la protección financiera de los usuarios”.
Sin haber dado, pues, el primer paso se lanzó el segundo.
De hecho, en la fase preliminar se había firmado un Convenio General de Colaboración Interinstitucional para la Atención de la Emergencia Obstétrica, que fracasó ante los elevados costos administrativos.
Más tarde, en mayo de 2011 se firmó un convenio más de intercambio de servicios, que incluía intervenciones quirúrgicas.
Con un largo periodo de 0.8 camas por cada mil derechohabientes, el Seguro Social ha tenido que programar intervenciones quirúrgicas en fin de semana, y aunque su nómina llega ya a 450 mil trabajadores, lo que lo convierte en el mayor empleador del país, se mantiene un déficit en materia de médicos y enfermeras.
Realidad mata intenciones.
Balance general. En la ruta habitual en que las cañerías se destapan en el país del norte, la Comisión de Valores de Estados Unidos identificó en una investigación que la firma Key Energy obtuvo contratos millonarios de Pemex a cambio de sobornos.
Estos habrían ascendido al equivalente a 9 millones de pesos.
En la ruta se descubrió que un alto ejecutivo de la empresa productiva de Estado abrió una oficina para simular servicios de consultoría a la firma en el banquillo como una manera de ocultar los pagos ilícitos.
Key Energy recibía información privilegiada por parte de una red de infidentes, lo que le permitía anticipar el qué el cómo y el cuándo de las licitaciones.
De acuerdo a la investigación de la SEC, por sus siglas en inglés, detectada por Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad, se otorgaron en total 58 sobornos o pagos irregulares disfrazados como “servicios de asesoría” por un total de 561 mil dólares, en paralelo a regalos de Navidad por 118 mil.
Adicionalmente se señala que un funcionario recibió cuatro transferencias por mil 400 dólares por parte del gerente en México de la firma multinacional estadounidense.
En ningún caso se revelan nombres.
La suma total alcanza 685 mil 400 dólares, equivalentes entonces a 9 millones de pesos. Anticipada la indagación por el diario The Wall Street Journal, en 2014, fue hasta agosto del año pasado cuando se le notificó a la firma el resultado. De 2007 al año pasado Key Energy, con base en Houston, Texas, ha recibido contratos de perforación por parte de Pemex por un total de 7 mil 878 millones de pesos.
De ellos el 30% llegó por asignación directa o ampliaciones de obras sin licitar.
Concanaco en el callejón. Desestimada por sus directivos la denuncia por supuesto uso indebido de recursos públicos que colocaron en la mesa al exconsejero nacional, Guillermo Romero Rodríguez y el ex presidente de la Cámara de Comercio de Monterrey, Juan Carlos Pérez Góngora, lo cierto es que ésta sigue avanzando.
Los denunciantes fueron citados por la Procuraduría General de la Republica, concretamente por su titular, Raúl Cervantes Andrade y el subprocurador Especializado en Investigación de Delitos Federales, Felipe Muñoz Vázquez, para ampliar sus informes.
La reunión se prolongó una hora.
Integrados al Grupo Nueva Visión, los empresarios hablan de un manejo irregular del Programa “Tableta 2018” que se lanzó con apoyo de recursos públicos, responsabilizando al presidente y, extesorero del organismo, Enrique Solana Sentíes y Ricardo Navarro Benítez. El reclamo se realizó por la vía penal.
Inflación de 4.77%. De acuerdo con el Índice de Precios Metropolitano de Consultores Internacionales, durante febrero pasado el crecimiento promedio de precios fue de 0.68 por ciento, con lo que el acumulado anualizado llegó a 4.77%.
La encuesta recoge las variaciones de precios en Ciudad y el Valle de México. De acuerdo con ella, durante el segundo mes del año creció el importe del limón en 29.98%; el del aguacate, 15.12; otras verduras frescas, 10.80; jabones, 10.30, manteca vegetal, 8.62…
Del otro lado de la moneda se redujo la cotización del tomate rojo a 32.10%; la cebolla, 18.30; blanqueadores, 10.80; otros aceites y grasas, 7.51, galletas, dulces y saladas, 7.20, anticonceptivos, 9.85… Durante enero el crecimiento ponderado había sido de 6.45%.
albertobarrancochavarria0@gmail.com
