Aprobado en el marco de una áspera y prolongada jornada legislativa, el Fondo de Aportaciones para el Desarrollo Sustentable en Estados y Municipios Mineros, su nombre completo, se integra con 5% a tasa anual sobre los ingresos acumulables netos de las empresas extractivas.
La exposición de motivos de la iniciativa original, firmada por los diputados priístas Adolfo Bonilla Gómez y Marco Antonio Bernal Gutiérrez, hablaba de derramar parte del recurso en beneficios sociales para las comunidades aledañas a las minas, por tanto afectado su entorno ambiental.
El dinero apuntaría a la construcción, remodelación y equipamiento de centros escolares, pavimentación de calles y caminos locales, rellenos sanitarios, plantas de tratamiento de agua, instalación y mantenimiento de obras de drenaje pluvial, obras que preserven las áreas naturales y afecten de manera positiva la movilidad urbana, incluyendo trenes subterráneos, Metro o equivalentes.
Casi el paraíso.
Los ingresos se prorratearían entre los municipios donde se ubican las minas, las entidades federativas, y el gobierno federal, en proporción de 30%, 50% y 20%.
Entre las modificaciones al proyecto original se planteó que la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), utilizara 2.5% del fondo en gasto corriente, a contrapelo de la ausencia de facultades de la dependencia para recibir un recurso ajeno a la facturación de un servicio público a particulares.
Una parte del porcentaje hacia el gobierno federal se considera recaudación federal participable y se aplica bajo la Ley de Coordinación Fiscal.
La administración del recurso quedó en manos de una dirección general.
El caso es que hasta hoy no hay resultados tangibles en beneficio de las comunidades, ni transparencia en el manejo del dinero, con la novedad de que las empresas extractivas al fragor del gravamen suspendieron o acotaron las tareas de responsabilidad social que realizaban con idénticos objetivos.
La pretensión original que tasaba el porcentaje en 4% se elevó un punto, sin posibilidad de deducción de las inversiones realizadas en la fase previa a que se alcance la madurez del proyecto, ni la depreciación de los activos físicos, que oscilan desde maquinaria y equipos hasta la instalación de molinos o la compra de camiones de carga.
Según el despacho Baker & McKenzie, el tributo viola cuatro principios fundamentales: legalidad, proporcionalidad, equidad y destino del gasto.
Aunque las empresas mineras han gozado tradicionalmente de un tratamiento fiscal laxo, en 2011, por ejemplo, cubrieron fiscalmente sólo el equivalente a 1.3% del valor total del producto obtenido, en tanto la Ley Federal de Derechos estipula una contraprestación al gobierno durante los dos primeros años de vigencia de concesiones y asignaciones, de sólo 5.7 pesos por hectárea de reserva, no se vale aplicar un tributo “social” y luego esconder su destino.
¿Fondo sin fondo?
Balance general. Desgastada ya la tradicional estrategia de las subastas que justificaban la acumulación de reservas internacionales por parte del Banco de México, tradicional trinchera para defender el peso de los embates de la especulación cambiaria, las apuestas apuntan a que el Instituto Central incrementará nuevamente las tasas de interés.
El país ha perdido en las últimas semanas 26 mil millones de dólares del acumulado por el banco central, tantito por las subastas y tantito por la caída dramática en la facturación internacional de Pemex.
La tarea toral del Banco de México apunta a mantener el poder adquisitivo de la población vía la contención del crecimiento de precios, lo que obstaculiza la depreciación del peso.
En enero pasado, como usted sabe, la tasa de inflación anualizada llegó a 4.2%.
El incremento en las tasas de interés sirve de dique para evitar la fuga de capitales y por tanto el que la oferta rebase a la demanda.
Del otro lado de la moneda la maniobra encarece los créditos.
Trump el magnánimo. Al fragor de la crisis de hipotecas registrada en 2008, a cuya vera desaparecieron de la escena media docena de bancos estadounidenses y se colocó al borde de la quiebra al Citibank, el país del norte endureció las reglas.
El golpe en la mesa se condensó en la Ley Dodd-Frank promulgada dos años después, en afán de evitar abusos a los usuarios de crédito.
El caso es que el presidente Donald Trump inició ya una ofensiva para derribar ésta con apoyo de la mayoría republicana en el Congreso.
El anuncio disparó la cotización de las acciones de los principales corporativos financieros.
Crece GINgroup. Quien acaba de adquirir dos empresas más es GINgroup, la firma líder en materia de administración de capital humano en el país, con una inversión de 80 millones de pesos.
Las empresas son Habitat Perfect y Management, cuya acción se ubica en el segmento del mercado de administración de condominios y plazas comerciales, y Exus, dedicada a la limpieza industrial y comercial.
Las compañías tienen una plantilla de 800 empleados.
Más reciclaje. A la vera del Foro Económico Mundial efectuado hace unos días en Davos, Suiza, unas 40 empresas con operaciones en México se integraron al plan global que obliga a reciclar 70% de los envases de plástico.
Entre las firmas comprometidas están Coca Cola, Pepsi Cola, Danone, Mars, Carrefour y Procter&Gamble.
Lo cierto es que México está muy cerca de la meta. En los últimos tres años el acopio alcanzó 405 mil toneladas, es decir, 60% de las 700 mil desechados.
La firma más activa en la materia es PetStar, encabezada por Jaime Cámara Creixell, cuya capacidad alcanza 3 mil 100 millones de botellas al año.
Santander repite. Por segundo año consecutivo el banco Santander fue reconocido por la revista International Finance Magazine como el banco más responsable socialmente en México.
Las tareas se orientan fundamentalmente a protección de la niñez y a apoyo a la educación superior vía una derrama de mil 700 millones de pesos en becas.
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