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Pactadas 11 obras en el 2008, durante el gobierno foxista, para concluirse dos años después, la factura sería de 635 millones de dólares. Sin embargo, se pagaron 420 millones más.
Estos se fueron enterando en abonos desde 2010 hasta 2012, es decir ya en el sexenio de Felipe Calderón.
Aunque en el camino se habló de la posibilidad de llevar el asunto al Tribunal Internacional de Arbitraje con sede en París, y aunque en el camino se cruzaron demandas ante los tribunales, se optó finalmente, por la conciliación.
Turnado el asunto a la Secretaría de la Función Pública, se realizarán 19 audiencias conciliatorias en las que Pemex fue ablandando su dureza original.
En 2012 ya había aceptado pagos adicionales por 47 millones de dólares.
Durante el actual sexenio la empresa constructora brasileña, de acuerdo a documentos obtenidos por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, vía transparencia, Odebrecht obtuvo contratos con la propia empresa productiva de Estado por 4 mil 670 millones de pesos.
Estos apuntaban a la reconfiguración y modernización de las refinerías de Tula y Salamanca.
Sin embargo, el propio organismo descubrió otro para la construcción de la segunda etapa del gaseoducto “Los Ramones”, cuya longitud se extiende 443 kilómetros, de Nuevo León a San Luis Potosí.
Lo extraño del caso es que obligado Pemex a plantear una licitación internacional y convocada ésta en 2013, se le declaró desierta… con la novedad de que meses más tarde se le entregaría el contrato sin más a Odebrecht.
Este fue de mil 200 millones de dólares.
De acuerdo a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, para asumir las tareas la firma brasileña creó un consorcio bautizado como AOT.
La asignación directa requirió la participación de una intrincada red de empresas filiales creadas en las Islas Vírgenes, Islas del Grand Cayman y Holanda.
La presunción de la instancia de la sociedad civil es que hubo más contratos que se ocultaron por la misma vía. Por ejemplo, se habla del gaseoducto transfronterizo de Quetzal, que conectaría al sureste del país con Guatemala.
El caso Odebrecht-Pemex, como usted sabe, saltó al escenario cuando la firma brasileña aceptó ante una Corte en Nueva York que había otorgado sobornos por contratos en 12 países, incluido México.
El monto de éstos en el país habían sido de 10.5 millones de dólares.
Según ello el ilícito se cometió entre 2013 y 2014.
El caso es que entre 2010 y 2012, descubiertas una serie de irregularidades en la reconfiguración de la refinería de Minatitlán, Veracruz, las observaciones planteadas por la Auditoría Superior de la Federación se dieron como “solventadas”.
En ese lapso Odebrecht reconoce haber entregado los primeros 4.5 millones de dólares.
Los otros seis llegaron entre 2013 y 2014, justo cuando se dieron los nuevos contratos para reconfiguración de las refinerías de Tula y Salamanca, y se habría dado la inaudita maniobra para adjudicarle el gaseoducto “Los Ramones”.
Según la información, el procurador general de la Republica, Raúl Cervantes, habría viajado hace unos días a Brasil para recabar más información.
Las andanzas de Odebrecht.
Balance general. De acuerdo a la edición 17 del termómetro de confianza que instrumenta año con año la firma Edelman, ésta se cayó 11 puntos en relación con las instituciones del país. En el caso del gobierno ésta se ubica en el peor nivel no sólo en México sino en la mitad de los 28 países auscultados.
A su vez, en 17 naciones se derrumbó cinco puntos la confianza en los medios de comunicación, lo que la ubica en mínimos históricos.
En nuestro país el nivel máximo se ubica en las organizaciones no gubernamentales. La medalla de plata es para las empresas.
El nivel de aceptación de las primeras es el 71%; el de las segundas de 62.
Los medios alcanzan 47 y el gobierno 24.
Los mexicanos participantes en la medición consideran en un 53% que el sistema les ha fallado, es injusto y ofrece pocas esperanzas para el futuro.
Solo el 8% considera que funciona.
Pelea por slots. Le comentábamos hace unos días que la empresa aérea de los Estados Unidos Southwest le había enviado una carta al presidente Donald Trump para exigir lo que calificaba de “equidad” en el reparto de slots u horarios de despegue y aterrizaje que dejarán por mandato de la autoridad de competencia Aeroméxico y Delta.
Bien, pues, la compañía que durante años solo realizaba vuelos internos en su país, ya entró al reparto, junto con Alaska y Jet Blue. Estamos hablando, en este caso, de los lugares que dejará Aeroméxico en la terminal “Benito Juárez” de la Ciudad de México.
En el reparto de los primeros ocho slots también participan las firmas Volaris y VivaAerobus.
La línea líder del país aceptó una oferta de compra de Delta por el 32% de su capital, lo que eleva su tenencia a 37, con miras a llegar al 49.
Carstens pilar. Fue el jueves de la semana pasada, muy temprano, cuando el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, recibió la solicitud presidencial de mantenerse hasta noviembre en el cargo.
Aunque éste dijo sí, el asunto se hizo público cuando el Banco Internacional de Pagos aceptó darle la tregua para asumir su dirección general.
Al margen de la necesidad de mantener el equilibrio en la Comisión de Cambios que decide la estrategia frente a los vaivenes de la moneda, la otra razón era mandar una señal de certeza a los mercados de que la ruta se mantiene intacta. El propio jueves había jubilo en el medio bursátil.
Libertad de expresión. En los próximos días la Suprema Corte de Justicia discutirá una tesis planteada por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, que podría dar pauta a una jurisprudencia en relación a las controversias entre personajes públicos sujetos al escrutinio y rendición de cuentas y la libertad de expresión consagrada por la Constitución.
El máximo órgano de justicia del país ventila un amparo directo en un juicio por supuesto daño moral.
La coyuntura se abre en momento en que el hartazgo de la sociedad por la corrupción e impunidad ha llegado a niveles insólitos.
albertobarrancochavarria0@gmail.com
