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En la cara más dramática del escenario, hete aquí que el gobierno solo dispone de la quinta parte del fondo destinado a situaciones catastróficas, cuyo monto mínimo alcanzaría 100 mil millones de pesos.
Estamos hablando de incidencia de enfermedades como diabetes, hipertensión, deficiencia renal o pandemias como influenza, cólera y demás etcéteras.
Al impacto de la mora en la redención de facturas, algunos proveedores de plano están exigiendo pagos por adelantado, a contrapelo de la normatividad que ubica contrarecibos a 30, 60, 90 y aún 180 días.
El escenario, naturalmente, está provocando desabasto de medicinas e insumos, además de equipamiento de hospitales y clínicas construidas o a punto de construirse.
Si en el 2016 el Ramo 12 orientado a garantizar el derecho a la salud de la población, a cuya vera gravitan 32 programas presupuestarios, tuvo un “ajuste” de tres mil 339 millones de pesos, pese al incremento de 0.1 por ciento al presupuesto general, éste año éste se redujo en 1.3 por ciento.
El monto total alcanzó 524 mil millones de pesos, destinándose, además 75 mil para el Seguro Popular cuyo horizonte alcanza al 57.7 por ciento de la población no asegurada.
El problema es que desde el 2016 la Secretaria de Hacienda le canceló una canonjía ancestral al sector, es decir el no enterar el Impuesto Sobre la Renta retenido a sus trabajadores, lo que implicó una merma promedio en el presupuesto de las entidades federativas de mil 500 millones.
El golpe global alcanzaría 35 mil millones de pesos.
En el escenario, hete aquí que en Campeche se soslayó el entero para atender lo que se ubicó como prioridades, en cuyo marco se encuentra en problemas judiciales el secretario de Salud de la entidad.
Aunque la compra consolidada de medicinas orquestada por el Instituto Mexicano del Seguro Social les ofreció un respiro a las entidades federativas en materia de costos, algunas de ellas ya no pudieron participar el año pasado por acumular deudas con los proveedores.
En la carambola los nuevos jugadores que le entraron como proveedores a la colosal piñata están en graves problemas de sobrevivencia, en tanto una parte de los tradicionales distribuidores se ubica en escenarios de precariedad.
Aunque le contrato tiene una cláusula que impide cortar el abasto, las firmas se han aglutinado en una asociación para defenderse… y en algunos casos han menguado los envíos.
El problema se hace mayor sí se considera que la mayoría de distribuidores de fármacos o de equipos quirúrgicos quiere renegociar contratos ante el sobrecosto que les representa la nueva paridad peso-dólar.
En entidades con gobiernos salientes, por ejemplo el Estado de México, la decisión apunta a suspender la expansión del servicio, incluida la posibilidad de equipamiento con equipos de punta, para agotar el presupuesto en pagar deudas.
Aún así se quedarían facturas en el limbo.
Crisis en salud.
Balance general. Anunciada hace unos días la petición de la Comisión Federal de Competencia Económica al jurídico de la Presidencia de la República de plantear una Controversia Constitucional ante la Suprema Corte para evaluar si no hay invasión de funciones por parte del gobierno de Coahuila al delimitar los espacios donde se pueden instalar gasolineras, le comentábamos que el asunto apuntaba a una carambola.
Derogada la regulación se caerían casi en automático los ordenamientos que existen en al menos 10 entidades federativas, con amago a la Ciudad de México.
En este caso la ley no solo apunta a determinadas distancias sino a circunstancias, es decir se prohíbe ubicar estaciones de servicio junto a espacios públicos, ya universidades, estaciones del metro, cines…
El caso es que la cadena de tiendas WalMart va abrir 200 mil gasolineras en los próximos meses, en tanto las cadenas estadounidenses ya están en vías de llegar al país.
Sospechosismo. En un escenario ajeno a la ortodoxia la Secretaria de Comunicaciones y Transportes ha pactado otorgar un contrato a la empresa Conecta vía “adhesión” a otro vigente que mantiene con la Comisión Nacional de Seguros y Finanzas.
Un puente, pues, para librar la licitación que se reclamaba.
El monto de la prestación por el proyecto de Actualización Tecnológica de Infraestructura y Servicios del Centro de Datos de la dependencia, es de 22 millones de dólares.
Lo grave, además, es que el contrato de la discordia no cumple con los requisitos ni las necesidades de la instancia encabezada por Gerardo Ruiz Esparza.
El documento, por ejemplo, no habla de consolidación, virtualización, orquestación y automatización.
Solo habría que ver la redacción de contratos similares para evaluar la discordancia.
La negociación se hace desde la Oficialía Mayor que encabeza Rodrigo Rodríguez.
Jaque al impuesto ecológico. Aunque el juez segundo de Distrito de Zacatecas admitió un amparo planteado por la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalúrgicos y Geólogos en México contra el impuesto ecológico implantado por el gobierno local, el principal jaque se ubica en la Controversia Constitucional planteada por la Presidencia de la República ante la Suprema Corte.
El argumento central de ésta apunta a que la entidad federativa legisló sobre un asunto que compete al ámbito federal.
Anteriormente se había amparado un sindicato que mantiene la totalidad del contrato colectivo en las minas Fresnillo, Saucito, Madero y Tayahau.
Las firmas habían planteado que el tributo impulsado por el gobernador Alejandro Tello Cristerna apuntaba más hacia el plano recaudatorio que al cuidado ambiental, en afán de tapar los boquetes que dejo su antecesor, Miguel Alonso Reyes.
Crece Azteca. Durante el cuarto trimestre del año Televisión Azteca logró un repunte de cuatro por ciento en sus ventas, alcanzando un salto positivo en la totalidad del balance año pasado.
En el conjunto las ventas se incrementaron 10 por ciento, en tanto los costos y gastos totales crecieron solo dos por ciento.
La utilidad de operación se duplicó con creces.
Con la llegada a la dirección general de la televisora de Benjamín Salinas se inició un proceso de reinvención de la empresa, quien prepara una emisión de bonos de deuda por 300 millones de pesos, con vencimiento al 2018, lo que permitirá refinanciar adeudos anteriores.
A su vez, la cadena de tiendas Elektra incrementó el año pasado en 17 por ciento sus ingresos consolidados, lo que les permitió redimir anticipadamente bonos de deuda por 550 millones de dólares, completado el monto con una emisión de Certificados Bursátiles por seis mil millones de pesos.
albertobarrancochavarria0@gmail.com
