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Estamos hablando de aquellas que se subcontratan para actividades específicas dentro de una empresa, en el escenario de una larga lista que habla de violaciones a la Ley Federal del Trabajo, similares y conexas.
Aunque el lugar común habla de tareas de mantenimiento y limpieza, en realidad prácticamente todas las firmas gigantes utilizan el esquema aún para integrar a ejecutivos de segundo o tercer nivel.
Ahora que la práctica no es privativa del
sector privado, la mayoría de dependencias y entidades públicas la mantienen en forma recurrente.
En la cascada de irregularidades que oscilan desde la simulación de salarios hasta la carencia de prestaciones y peor aún, de inscripción a la seguridad social, el sistema de ahorro para el retiro o el Infonavit, se llevó a rango de ley la corresponsabilidad del contratante.
La ejecución se quedó en el limbo.
Sin embargo, la urgencia llegó de cara a una Miscelánea Fiscal lanzada por el Servicio de Administración Tributaria al amanecer del año, que recoge modificaciones a las leyes del Impuesto sobre la Renta y al Valor Agregado aprobadas por el Congreso.
La guillotina apunta a las empresas contratantes que no verifiquen el cumplimiento fiscal de las contratadas.
La sanción consiste en cancelarles la posibilidad de deducciones por gastos que les generen las propias outsourcing.
La obligación es enterar copias de la nómina con acuse de recibos de los trabajadores, en paralelo a la comprobación del entero del Impuesto Sobre la Renta y el comprobante de la declaración de IVA.
El plazo vence el próximo 17 de abril, tras una tregua de tres meses.
La mula no era arisca, bajo el imperativo de lo tomas o lo dejas, los trabajadores reciben el salario mínimo más una compensanción por abajo del agua, lo que vuelve simbólicas las cuotas a los organismos de seguridad social.
El SAT ha identificado a 71 mil 441 contribuyentes que utilizan esquemas de outsourcing, de los cuales el 64% se ubica en la Ciudad de México.
Según el organismo en los últimos cuatro meses la elusión alcanzó 8 mil 228 millones
de pesos.
En Estados Unidos las firmas de capital mexicano que utilicen el esquema de la tercería y no cumplan con la ley se exponen a multas de hasta 10 millones de dólares,
En nuestro país la sanción máxima alcanzaría una multa de 4 millones de pesos, pero posibilidad de 15 años de cárcel.
Hace cuatro años, en la agonía del gobierno calderonista, el IMSS inició una campaña contra las malas prácticas de este tipo de empresas, en la mira de una legislación rígida.
El arcoíris hablaba de firmas que saltan de un domicilio a otro para evadir las multas, instalando oficinas simbólicas con el mínimo de menaje.
La campaña fue frenada abruptamente.
La Norma en ciernes plantea ubicar esquemas prácticos de cumplimiento desde la exigencia de registros puntuales hasta la de exhibir los riesgos de trabajo de cara a la adscripción a un nivel u otro del Seguro Social.
Outsourcing en cintura… 10 años después.
Balance general. De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, entre el 2010 y el 2014 la empresa brasileña Odebrecht firmó un contrato con Pemex Refinación para construir un edificio en la refinería de Tula que sirviera de sede para atender la supervisión en la construcción de 11 plantas y la modernización de cuatro existentes.
En paralelo, se firmó otro con Pemex Transformación Industrial para construir la residencia de obra para un proyecto de aprovechamiento de aguas residuales en la propia refinería.
En ambos casos los costos no empatan con las obras realizadas.
Peor aún, la compañía realizó las tareas vía una serie de compañías subcontratadas, sin que la empresa productiva de Estado haya pedido justificar su capacidad.
Tampoco la exigió a la firma brasileña información económica y legal de las empresas que hicieron la tarea.
Sin embargo, el propio órgano dio por solventadas las observaciones en su momento.
El caso es que los expedientes se están reabriendo al fragor del reconocimiento de la propia firma brasileña de haber otorgado sobornos por 10.5 millones de dólares, justo en ese periodo.
La parte más álgida de la investigación se ubica en la asignación de contratos sin licitación al calce, cuya irregularidad fue denunciada en su momento ante la Secretaría de la Función Pública.
Gasolineras por gaseras. En la ruta de abrirle cancha a las firmas extranjeras que lleguen al país en la magia de la reforma energética, la Comisión Federal de Competencia Económica está urgiendo a la Consejería Jurídica de la Presidencia de la Republica que se interponga una Controversia Constitucional contra el gobierno de Coahuila.
Este expidió el 24 de enero pasado una Ley de Asentamientos Humanos en la que restringe la posibilidad de abrir estaciones de servicio a determinada distancia.
El caso es que la precaución se ubica también en legislaciones estatales de Baja California, Chihuahua, Colima, Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Veracruz, además de la Ciudad de México.
En este caso de acuerdo con las reglas, incluida la cercanía con lugares públicos, ya no hay opción de poner una más.
¿Canjeamos seguridad por negocio?
Desabasto en Jalisco. En la sospecha de “jineteo” de recursos federales, en Jalisco se está viviendo una grave crisis en materia de abasto de medicamentos. El problema se refleja no solo en el Instituto para Jubilados y Pensionados, sino en el Seguro Popular y aún en hospitales de la Secretaría de Salud,
La dependencia le debe mil millones de pesos a proveedores.
La paradoja del caso es que para justificar la falta de fármacos que alcanza 80%, el titular de la dependencia, Antonio Cruces, culpa, justo, a los proveedores, en una maniobra en que de pasadita se pretende desplazarles con firmas de reciente ingreso al mercado, entre ellas Abisalud, de un político priísta.
Velitas. Quien está festejando sus primeros 15 años es el Centro CitiBanamex, consolidándose en el lapso como el recinto de congresos, exposiciones y convenciones más grande de América Latina.
En el lapso se ha realizado 11 mil 500 eventos a los que han asistido 28 millones de personas.
albertobarrancochavarria0@gmail.com
