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El inaudito se desnudó hace tres años por la vía simple de hurgar en la Dirección General de Profesiones la validez de la cédula profesional del empleado… que resulto apócrifa.
El número de ésta corresponde a una mujer acreditada como contador público.
El abogado balín, Jaime Loé Rangel, está, desde entonces, ilocalizable para la dependencia.
Esta levantó un acta de responsabilidades (Expediente PAR-478/2013) en la que se anota que el falso abogado suscribió 57 documentos oficiales relacionados con la defensa jurídica en juicios laborales contra la Secretaría de Hacienda.
Sin embargo, se calcula que Loé Rangel participó en centenares de juicios, no sólo laborales sino civiles en casos promovidos por el Servicio de Administración Tributaria contra causantes morosos o falsificadores de certificados de origen de mercancías de importación.
El servidor público estuvo adscrito del 5 de junio de 2006 al 11 de julio de 2012 como subdirector General de Recursos Humanos y como apoderado legal de la dependencia.
Sin embargo, de acuerdo con un oficio en poder del columnista, Loé Rangel participó como defensor de la dependencia en juicios laborales desde 2001.
El 7 de marzo de ese año el entonces secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, le notificó al entonces a su vez presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, Alfredo Farid Barquet Rodríguez, los nombres de los apoderados que defenderían la causa de la dependencia, entre ellos Loé Rangel.
Hacienda encontró, no obstante que el falso litigante participó en juicios que datan de 1998.
Algunos de éstos todavía están vigentes.
Uno de ellos corresponde a un reclamo de la doctora en derecho Lilia Cortés García, a quien se despidió como directora de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaria de Egresos por negarse a avalar movimientos presupuestales ajenos a lo dispuesto en la Ley de Egresos aprobada por el Congreso.
Los litigios con expedientes que datan de 2003 a 2009 se encuentran varados en las ocho salas de la Junta Federal de Conciliación.
La firma de Loé Rangel está en centenares de documentos que analiza el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Hacienda.
Hoy un segundo bloque que abarca de 1991 a 2012 que corresponde, en este caso, a juicios que ya fueron concluidos.
En el acta administrativa levantada por el Área de Responsabilidades del órgano de control interno de la dependencia se anota que el ex funcionario se ostentó como licenciado en derecho sin poseer título profesional legalmente expedido y debidamente registrado, “por consiguiente sin haber obtenido de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública la patente de ejercicio correspondiente”.
Lo inaudito del caso es que Hacienda se haya tardado casi cinco lustros en descubrir la farsa.
De hecho, el fraude se concretó cuando el defraudador ya se había jubilado, con la novedad de que no hay forma de localizarlo.
Hacienda ha publicado uno y otro edicto… y nada.
El caso es que el daño no tiene reversa. Cientos de trabajadores despedidos están solicitando reponer o anular juicios al fragor de la rendija jurídica.
Abogado balín pone de cabeza a la Secretaría de Hacienda, diría el encabezado.
Balance general. La posibilidad de perder mercado en Estados Unidos ante los embates proteccionistas y alevosos del nuevo gobierno encabezado por Donald Trump nos alcanza en mal momento de cara al potencial exportador del país.
Pese a la ventaja que representó la depreciación de la moneda, durante el año pasado el país registró un déficit en la balanza comercial de 13 mil 135 millones de dólares, el quinto mayor desde 1993.
En 1994, cuando arrancó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el saldo había sido de 18 mil 464 millones, poco más de los 17 mil 261 registrados en el 2008.
En 1993, sin el TLCAN, el nivel alcanzó 13 mil 481 millones.
Al margen de la caída de las exportaciones, la exposición de motivos habla de un déficit inaudito en la balanza petrolera que alcanzó 12 mil 823 millones.
El panorama se arrastra desde 2015.
Medicina amarga. Cumplida la amenaza del gobierno, a la vera del gasolinazo, de abrir la frontera para obligar a los productores nacionales a mantener precios al embate de la competencia, se establecieron “cupos”, es decir posibilidad de ingresar sin aranceles, para manzanas, papa, chile, tomate y cebolla.
La medida provocó irritación en varias entidades de la República, con énfasis en Chihuahua.
El estado mayor de la República produce 90% de la manzana de mesa que consume el país.
Quien aprovecha con mayor ímpetu la oferta es Estados Unidos al que se le había cerrado el mercado de papa por razones fitosanitarias.
Los organismos empresariales, a excepción de la Coparmex, avalaron la medida vía el Acuerdo con perfil en pacto convocado por Los Pinos.
Puerta trasera. Descartada la posibilidad de que el gobierno capitalino se cobrara “a lo chino” la plusvalía de las propiedades inmobiliarias bajo el peregrino argumento de que ésta la provocó las obras realizadas, se están sacando de la manga un escenario similar, o si lo prefiere más de lo mismo por la puerta trasera.
De acuerdo con el artículo 21, inciso C, numeral 8 del dictamen de la Constitución Política de la Ciudad de México, si algún particular pretendiera construir hacia arriba de su casa bajo un parámetro denominado “Índice Básico”, está obligado a cubrir un gravamen.
Otra vez, pues, el fantasma de la expropiación del patrimonio.
Naturalmente el “Índice Básico” aplicado de manera discrecional sería un abono más a la corrupción.
La posibilidad ha provocado la integración de un frente de defensa con nueve organismos, entre ellos la Canacintra, la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, la Coparmex local y la Asociación de Hoteles.
Desabasto en Jalisco. Otorgado un contrato de suministro de medicamentos por parte del gobierno de Jalisco a una firma denominada Abastecedora de Insumos para la Salud, el incumplimiento está provocando un grave problema social.
Los fármacos abastecerían a las tres farmacias que mantiene el Instituto de Pensiones de Jalisco, en el que caben 10 mil 600 usuarios.
El desabasto es de 50%.
La firma tiene su sede en la Ciudad de México, por más que había dado un domicilio fiscal en Jalisco.
Quien está ligado a la empresa es el ex senador y diputado federal Carlos Lomelí Bolaños, propietario de la compañía Lomedic, a quien se le han dado contratos por 127.3 millones.
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