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A quién le importa sí los estatutos hablan de la integración previa de un Comité de Auscultación que en el papel recoge la opinión de todas las Cámaras confederadas.
A quién le importa si al evento de ratificación del empresario jalisciense en materia de joyería de fantasía no se invitó a ninguno de los expresidentes a título de testigos de calidad.
La maniobra de perfil antidemocrático llega en un momento en que la otra Confederación regida por la Ley de las Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, la Concanaco, está en el callejón al suspender un Tribunal Colegiado la posibilidad de una asamblea general ordinaria en que se ratificaría como presidente a su actual Tesorero, Humberto Navarro.
Este llegaría con la etiqueta de “candidato de unidad” al ser rechazada la inscripción al proceso del expresidente de la Cámara Nacional de Comercio de Monterrey, Juan Carlos Pérez Góngora.
Este fue, justo, el promotor del amparo que provocó el paréntesis, en un escenario en que caben acusaciones de malos manejos y favoritismo en el reparto de recursos de apoyo a la actividad mercantil otorgados por el gobierno.
El mismo pecado del que se acusa al propio poder Ejecutivo.
En el escenario, en el Consejo Coordinador Empresarial se mantiene el cacicazgo del presidente de Kimberly Clark México, Claudio X. González, algo así como el dedo que decide la sucesión y el que dicta la línea.
El empresario mantiene desde 2006 una cruzada personal contra Andrés Manuel López Obrador.
Bajo su batuta se coordina la comparsa de los organismos afiliados a la cúpula de cúpulas en los actos oficiales en que se dictan medidas desesperadas para paliar el descontento social, por más que detrás de ellas se vulnera la causa de sus bases.
En el escenario la cohesión la resquebraja la Coparmex, el patito negro de la cargada, en medio de exhortos bajo el agua para que se investigue quién está detrás de su presidente, Gustavo de Hoyos Walther, un abogado bajacaliforniano.
Naturalmente, a nadie se le ocurre que la mano que mece la cuna se llama corrupción, impunidad, indolencia, incompetencia… el desastre del gobierno actual. En la ruta acomodaticia, los grandes empresarios que hace años se metían a la defensa de la causa dejaron el lugar a los pequeños, cuya cercanía con el poder los empuja a la política.
Los últimos tres presidentes de la Concanaco son legisladores, u ocupan cargos públicos, en una ruta que no deja al margen al Consejo Coordinador Empresarial, la Canacintra y aún la Cámara Nacional de Comercio en la Ciudad de México.
El interés personal frente al gremial. La invitación a la gira presidencial, el derecho de picaporte, el tuteo con los secretarios de Estado como moneda de cambio para la cargada.
Alguna vez, diría Aristóteles en relación a su cercanía con un cuestionado Platón: “Yo soy amigo de Platón, pero más de la realidad”.
Balance general. Rechazados los amparos solicitados por la firma irlandesa Rivada contra su exclusión en la recta final de la licitación para concesionar la explotación de la llamada red compartida, el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones le adjudicó el contrato al consorcio Altán-Redes.
La posibilidad se abrió vía el esquema de asociación público-privada, en cuyo marco se invertirán 7 mil millones de pesos.
La firma de capital mayoritario chino, en la que caben, con un porcentaje mínimo Axtel y Megacable, empezará a operar el 31 de marzo… de 2018.
Sin embargo, se mantienen los juicios promovidos por las partes tanto en Estados Unidos como el país, por un lado en la estimación de Rivada de dados cargados en favor de la ganadora, y por otro en la defensa de la SCT contra lo que califica de calumnias.
La descalificación de la empresa se justificó por su omisión en enterar en tiempo un depósito de garantía de mil millones de pesos.
Página amarilla. De acuerdo con el Instituto de Derecho de las Telecomunicaciones (Idet), está próxima la resolución del Instituto Federal de Telecomunicaciones en torno a las denuncias de concentración indebida entre Teléfonos de México y la empresa de televisión satelital Dish.
El asunto, lo recordará usted, se remonta al 2014 cuando se hicieron públicos documentos que exhibían que las firmas habían pactado algo más que una alianza estratégica.
Según ello Telmex solo intervendría en la cobranza, vía agregar el costo de membresía mensual en los recibos a su clientela de telefonía fija, y tal caso alguna promoción alterna.
En enero del año siguiente el Ifetel notificó a las partes el inicio de un procedimiento sancionador por lo que ubicaba como algo más que una simple alianza comercial, aplicando en principio una multa a las partes por no haber notificado su concentración a la Comisión Federal de Competencia Económica.
Sin embargo, había algo más: Dish-Telmex se había beneficiado de la legislación que obliga a las empresas de televisión abierta a ceder la señal de sus canales nacionales a título gratuito, pese a que por la presencia de la telefonica, ubicada como dominante en su mercado, no tenía derecho a la prebenda.
¿China al TPP? Ubicado por Estados Unidos el Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica como la panacea para contrarrestar el poderío chino, ahora resulta que a la salida de éste al menos dos de las naciones en el concierto pretenden incorporar al país de la muralla.
Sin embargo, de darse el paso habría que tirar a la basura la negociación pactada, dado que el escenario sería desfavorable para el país del dragón. De entrada, le estorbaría la presencia de Vietnam y Malasia, quienes apuntalan su potencial en un esquema maquilador similar al chino.
Las reglas para evitar competencia desleal pactadas le pegarán de llevar al gigante oriental, dado su costumbre de exportar con apoyo de subsidios.
Tampoco encajaría en las reglas que exigen salarios dignos y sindicatos auténticos.
Gira de Axtel. A partir del dos de marzo próximo la firma de telecomunicaciones Axtel abre una gira por cinco ciudades del país en el marco de lo que denomina Business Technology Summit 2017.
En el evento participarán 12 empresas líderes globales en materia tecnológica, quienes exhibirán los avances de cara a 4 mil empresas y representantes gubernamentales. Las sedes serán Monterrey, Tijuana, Guadalajara y Querétaro, con punta en la capital del país.
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