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De acuerdo a la agenda del máximo órgano de justicia del país, ayer se decidiría el sí o no a una solicitud de amparo de la empresa productiva de Estado frente a una sanción de la Comisión Federal de Competencia Económica.
Encaminado el rechazo de éste por parte de la Segunda Sala, el golpe gravitará sobre la instancia de representación laboral al despojarla de un añejo privilegio: la exclusividad para el traslado de gasolina a las estaciones de servicio.
De acuerdo con el organismo en combate contra los monopolios, la practica que se califica como abuso de dominancia, es decir el supeditar el abasto al transporte de la proveedora con transportes propios… operados por el sindicato.
Naturalmente, los precios de los fletes están por encima de las tarifas de mercado. Se calcula, en principio, un sobrecosto de mil millones de pesos.
Lo tomas o lo dejas.
De acuerdo a la entonces, 2013, Comisión Federal de Competencia, aunque en el escenario vigente en ese año el artículo 27 de la Constitución y su Ley Reglamentaria señalaban que Pemex tiene la exclusividad en el transporte de combustibles, los contratos firmados por las franquiciarías señalan que las gasolinas y el diesel que les surten son de su propiedad, por tanto tienen albedrio para decidir cómo transportarlas.
Investigado y debatido el asunto, la instancia resolvió no solo prohibir la practica fijándole a la entonces paraestatal 30 días hábiles para desactivarla, sino le impuso dos multas, una de 1.6 millones para la matriz y otra de 653.2 para Pemex Refinación.
En total 653.2 millones.
Naturalmente, la empresa impugnó la resolución, señalando, entre otras cosas, que la Comisión no tenía competencia para atender temas relacionados con la norma Constitucional. De acuerdo con el artículo 11 de la Ley Reglamentaria del artículo 27 de la Carta Magna en el Ramo del Petróleo, Pemex tenía la exclusividad en la producción y distribución de los combustibles.
Se soslayó pues, la condición de monopolio de Estado. La Cofece, sin embargo, rechazó el recurso de inconformidad.
Colocada entonces como alternativa una solicitud de amparo, la Procuraduría General de la Republica pidió a la Suprema Corte atraer el caso. La ruta tardó tres años en cubrirse.
Lo grotesco del asunto es que en el lapso se atravesó la reforma energética que desmanteló el precepto constitucional otorgándole a particulares la posibilidad de explorar y explotar campos petroleros; convertir la producción en gasolinas… y, naturalmente, transportar éstas.
De hecho, Pemex ya no es el único dueño de los ductos de transporte masivo.
En el escenario actual, pues, el privilegio sindical sería reducido a la mínima expresión, es decir las gasolineras de propiedad individual que se mantendrían fieles como franquicias.
Sin embargo, la Corte tiene una prueba que destruye los argumentos de Pemex. En 2010 firmó un contrato con los principales grupos gasolineros del país para ser ellos quienes transportaran el combustible que le compran.
El documento, vigente durante varios meses, fue soslayado ante la presión del sindicato al que se le despojaba de un jugoso negocio tras cancelarse la posibilidad de contratos para transporte de combustible por barco o la exclusividad para comercializar despojos de refinerías.
Se cerró otra página negra de la era dorada de un imperio sindical.
Balance general. Expropiados durante el gobierno de Francisco Chirinos, en el que Miguel Ángel Yunes Linares era secretario general de Gobierno para preservar el atractivo turístico y de paso dar pauta a un cuartel de la Marina, durante el gobierno de Javier Duarte se revirtió la acción para permitir la venta de 15 mil metros cuadrados de playa en Veracruz.
Estamos hablando de la zona federal conocida como Riviera Jarocha, que va de Boca del Rio al poblado Antón Lizardo, desembocando en la llamada Isla del Amor.
Los terrenos los adquirió la Inmobiliaria Impulsora de Turismo Golfo del Caribe en la que participa como socio Fernando López Valenzuela, hijo del ex gobernador Fernando López Arias. En prenda de jurisdicción la firma colocó una gran valla para impedir el acceso, con la novedad de que la Procuraduría Federal del Medio Ambiente, quien le colocó sellos de clausura, no pudo o no quiso quitar de plano el obstáculo. En el grotesco, ahora resulta que los marinos deben pedir permiso a guardias privados para llegar a su cuartel.
La malla metálica electrosoldada tiene una longitud de 43.8 metros por tres de alto.
De acuerdo con el artículo 5 de la normatividad de Zona Federal Marítima Terrestre y Terrenos Ganados al Mar, las playas de la zona federal marítima terrestre y los terrenos ganados al mar son objeto de dominio público de la Federación, inalienables e imprescriptibles. La Isla del Amor ha sido por años un botín codiciado.
Faltó Higa. Con la ausencia del Grupo Higa, quien dejó de participar en grandes licitaciones tras su fracaso en la posibilidad de construir y operar con una empresa china el tren rápido México-Querétaro y la cancelación del contrato para el acueducto Monterrey VI, las principales constructoras nacionales se integraron en una para ganar el concurso máximo de cara al nuevo aeropuerto: la construcción de la terminal central.
El grupo ICA había señalado a la vera del escándalo al descubrirse que Higa había construido y financiado la Casa Blanca cuya propiedad se atribuyó a la esposa del presidente Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera, que mantendría la posibilidad de alianzas con la constructora. El consorcio, en el que caben dos empresas españolas, planteó la oferta más atractiva: 84 mil 828 millones de pesos.
En éste caben las constructoras del magnate Carlos Slim, Olegario Vázquez Raña, Carlos Hank Rhon, Hipólito Gerard, cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari, otro de los que había ganado el contrato para un ferrocarril de alta velocidad México-Querétaro.
Pata y vaca. El punto fino de la reforma a la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones aprobada por la Cámara de diputados plantea la exigencia de instalar algo así como Comisiones de Honor y Justicia para sancionar conductas ajenas a la ética de los socios.
Estamos hablando, entre otras, de la colusión con funcionarios venales para obtener contratos públicos a cambio de “mordidas”.
El único organismo que tiene un órgano similar es la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Sin embargo, se soslayó otro de los pecados de los organismos, las convocatorias para fijar tarifas o uniformar sus aumentos. En los años se ha señalado, por ejemplo, a la Cámara Nacional de Tintorería y Lavandería.
Coparmex justiciera. Convertida en la punta de lanza en el abastecimiento de causas sensibles, la Coparmex ha creado una estructura jurídica para analizar conductas delictivas de funcionarios públicos y en su caso denunciarlos. De acuerdo a su presidente, Gustavo de Hoyos, no hay línea hacia nadie, pero tampoco exclusión.
albertobarrancochavarria0@gmail.com
